La justicia se ha pronunciado ya sobre el tribunal competente para juzgar a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que presuntamente participaron en acciones violentas en Cataluña en 2019. El día después de la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y ERC, se ha comunicado que será la Audiencia Nacional, el órgano competente para este tipo de delitos, quien los juzgará por su presunta pertenencia a organización terrorista.
Además, a ocho de ellos les atribuyen también un delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos.
Así lo ha confirmado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que da por concluida la instrucción, a cargo del juez Manuel García Castellón, en la denominada Operación Judas y acuerda la apertura de juicio.
'Operación Judas'
Los acusados fueron detenidos por la Guardia Civil en 2019 y, según el instructor, formaban parte de una célula dentro de los CDR que pretendía “subvertir el orden constitucional” para conseguir "mediante cualquier vía, incluida la violenta", la independencia de Cataluña.
La Guardia Civil durante la operación judas, en la que detuvieron al presunto CDR Alexis Codina
En concreto, el magistrado sostiene que integraban el Equipo de Respuesta Táctica, “una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización” y que estaba formada por miembros de los CDR fuertemente radicalizados.
Asalto al Parlament y varios atentados
Los investigadores del instituto armado han señalado que los acusados preparaban un asalto al Parlament de Cataluña y varios atentados contra intereses que consideraban españoles.
Tras la detención, el juez ordenó el ingreso en prisión provisional para siete de ellos -salieron en libertad bajo fianza-. Alegaron que los acusados pertenecían a los CDR y, dentro de estos, “al sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT, siendo esta una organización de estructura jerarquizada”.
Fachada de la Audiencia Nacional
Sin embargo, los acusados siempre han negado estos hechos. Han argumentado que la intención de la Guardia Civil era la de “criminalizar y desmovilizar el movimiento independentista para frenar las protestas postsentencia”.
Rechazan archivar la causa
Varios de los procesados solicitaron que se practicaran nuevas diligencias mediante un recurso ante la Sala de los Penal por la conclusión del sumario. Sin embargo, el tribunal ha considerado que, o bien son innecesarias o podrán ordenarse durante la práctica del juicio.
En el caso de los tres acusados cuyas defensas solicitaron archivar la causa por falta de indicios, la Sala de lo Penal lo ha rechazado. Todo está listo para el juicio.