Los 16 miembros de Combat 18 España, el brazo armado de Blood and Honour, detenidos en diversos puntos del Estado en una operación conjunta de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional planeaban atacar mezquitas, intereses judíos y locales de entornos ideológicos antagónicos de la izquierda antifascista. Así lo ha confirmado el intendente David Sánchez, subjefe de la Comisaría General de Información de la policía catalana, que ha añadido que, si bien no habían concretado todavía un objetivo, porque estaban buscando los medios necesarios para perpetrar el ataque, sus prioridades genéricas eran estas.
Los Mossos d’Esquadra detectaron la creación de la sección Combat 18 España en 2022 mientras hacían patrullaje virtual en redes sociales y determinados entornos de internet. Por primera vez en el conjunto del Estado español constataron que ya no se trataba de una vinculación individual sino que se había creado un grupo organizado en el que sus miembros --la mayoría ubicados en Cataluña-- se relacionaban entre sí con la intención de cometer actos violentos por motivaciones raciales. Los integrantes no solo se relacionaban a través de la red con sus homólogos en otros puntos del territorio, sino que mantenían reuniones periódicas en Cataluña, donde residían los líderes.
Intentaron conseguir armas
El caso Dracarys, que se ha saldado con la detección de todos los miembros del grupo (no así de los simpatizantes), se enmarca en la lucha contra el extremismo violento por motivación racial, un movimiento planetario que se basa en teorías de la conspiración que defienden que la raza blanca está siendo amenazada por las políticas mundiales. A partir de este dogma, ha señalado el intendente, sus miembros justificaban el uso de la violencia contra los gobernantes, a los que culpaban de esta situación, hacia las ONGs que trabajan por los derechos de la inmigración y hacia minorías, entre las que figuran personas con diversidad funcional, de confesión musulmana y judía y pertenecientes al colectivo LGTBI.
Aunque esta organización de ultraderecha se rige por el modelo de resistencia sin líder, en el que cualquiera individuo o grupo puede ejercer la violencia sin recibir instrucción de superiores, los Mossos d’Esquadra constataron que gran parte del grupo se reunía físicamente para planear ataques e intentar conseguir armas mediante el contacto con facciones de otros países europeos.
Propaganda y captación
La operación se ha explotado cuando el grupo todavía estaba en fase de diseño y creación, pero los investigadores detectaron que ya tenía una estructura jerárquica perfectamente definida, que iba desde la máxima responsabilidad del presidente o tesorero, en la cúspide, hasta los simpatizantes, en la base, que querían acceder a la misma pero aún no habían sido aceptados. Los miembros, además, se regían por una disciplina interna: cualquier comunicación o acción debía ser siempre validada por el sargento de armas, que podía castigar a los miembros del grupo o hacerles encargos. También tenían que contribuir económicamente con aportaciones periódicas.
Aunque el grupo todavía no suponía un riesgo real para la ciudadanía, porque todavía se estaba perfilando, los miembros --de entre 29 y 49 años, con antecedentes por delitos de odio y fuertemente radicalizados-- habían comenzado una campaña para intentar captar a nuevos adeptos. “Vimos que estaban incrementando la captación, que se había multiplicado exponencialmente con la difusión de propaganda hacia personas vulnerables con la intención de incluirlas en la organización”, ha confirmado el intendente.
El intendente David Sánchez durante la rueda de prensa
Conexiones internacionales
Los 16 miembros de Combat 18 España --13 hombres y tres mujeres-- tenían conexiones “claras y evidentes” con las facciones de otros países. Si bien tenían autonomía para decidir acciones, buscaban la complicidad de otras secciones para darse apoyo mutuo. Asimismo, se regían por un documento de referencia a nivel internacional que marca las pautas a las diferentes secciones nacionales.
Este operativo es especialmente relevante porque ha permitido desmantelar la primera facción de España en una fase inicial. Sin embargo, este hecho también acarrea limitaciones a nivel procesal, pues los investigados todavía no habían cometido ataques violentos. Aun así, los Mossos d’Esquadra sostienen que hay “pruebas de cargo” suficientes como para demostrar que funcionaba como un grupo criminal organizado y que se habían configurado con el objetivo de perpetrar ataques, además de atribuirles delitos de tenencia ilícita de armas y delitos de odio y discriminación.
En Cataluña, ha precisado en intendente Sánchez, las principales amenazas para la seguridad siguen siendo el yihadismo y los grupos de ultraderecha, "con una actividad constante y consistente", si bien no se ha detectado un incremento significativo en los últimos meses. Asimismo, las operaciones efectuadas, ha añadido, se han producido en un momento de "fase de creación, de diseño, en el que la amenaza todavía no existe para la ciudadanía".