Josep está a punto de cumplir 16 años y todo apunta a que lo hará en un centro de menores. La Generalitat de Cataluña asumió su tutela el pasado agosto, después de que el instituto del joven denunciase a su madre, Mari, por un presunto desamparo. Alegó que lo "sobreprotegía". La mujer había denunciado de forma reiterada episodios de bullying y abusos sexuales a su hijo en la escuela y asegura que esta fue la respuesta que recibió del centro.
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) optó por retirar la custodia del menor de forma inmediata para analizar su caso. Ahora, Mari pide ayuda para sacarlo del centro porque, "aunque está bien atendido, el chico siente que se le ha castigado al separarlo de su madre".
Josep quiere volver a casa y así se lo hace saber a su madre de forma insistente, según su relato. "Ha llegado a autolesionarse en alguna ocasión, algo que he descubierto yo, porque el centro ni siquiera se había dado cuenta", relata. La mujer pide ayuda para recuperar a su hijo y alega que "teme por su integridad física".
Víctima de 'bullying' y acoso sexual
La historia de este joven de Cervera (Lleida) se remonta al inicio del curso escolar 2022-23. Entonces empezó a ser acosado por parte de dos compañeros de clase en el instituto La Segarra de la localidad. Según refiere el abogado de la familia, José Antonio Sires, de Sires Abogados, la mujer "desde el primer momento y casi a diario avisaba al centro educativo para que tomara cartas en el asunto".
El pasado día 24 de enero, estando la profesora en la clase, agredieron sexualmente a Josep, explica la familia. La docente dice no haber percibido lo ocurrido. Según el relato de la madre, el menor faltó unos días a clase para recuperarse y cuando se reincorporó a las clases la intención de la dirección del centro era que volviera a compartir aulas con sus agresores. Ella se negó y, al final, accedieron a cambiarlo de aula. Pero no fue suficiente. El acoso continuó, y el chico volvió a quedarse en casa.
El centro miró para otro lado
La madre de Josep ha explicado a este medio que "el instituto nunca mostró empatía por el menor y ni siquiera se activó el protocolo por acoso escolar". De hecho, sostiene que a día de hoy siguen con una actitud beligerante ante este caso porque "les incomoda que haya salido a la luz".
"Nuestros hijos se matan", insiste la mujer al recordar otras historias de bullying con final trágico que han tenido lugar en el país. Asegura no haberse sentido respaldada ni por el centro educativo ni por el resto de las familias.
Lo seguían a casa
Sires explica que sí que existió una coordinación con servicios sociales, el pediatra que atendía al chico y el instituto para su vuelta. "Pero uno de ellos entró en su clase, así que lo cambió de instituto", relata el abogado. A pesar de estar en un nuevo centro educativo, "uno de los agresores lo seguía y la madre tenía que acompañarlo por miedo a lo que podría suceder", algo que ha probado mediante algunas fotografías.
Fue entonces, en un contexto de miedo en el que decidió hacer público su caso para intentar forzar a que alguien tomase cartas en el asunto, cuando llegó el desenlace inesperado. "Educación, mediante el inspector de la zona, Josep María Serentill, denunció a la mujer ante la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia por desamparo por una supuesta sobreprotección al chico", detalla.
Consecuencias "devastadoras"
Según el letrado encargado de la defensa de Mari, "a la vista de todas las pruebas presentadas por la progenitora y de los hechos sucedidos, queda acreditado que la situación de vulnerabilidad del menor nunca ha existido, siendo el acoso escolar sufrido a lo largo de los años lo único que ha padecido y no la existencia de riesgo en el ámbito familiar".
Tanto la madre como su representante legal insisten en que Josep "no ha recibido la atención ni el abordaje profesional especializado que necesita respecto de su vivencia de acoso", lo que ha provocado una serie de consecuencias posteriores devastadoras para ambos, quienes a pesar de pedir ayuda han obtenido una vivencia revictimizante y de separación.
Querella
"Tras el estudio de los antecedentes y de la documentación que obra en el expediente administrativo de DGAIA, hemos presentado querella dado que estas conductas no pueden considerarse impunes y mucho menos aceptables en un centro de menores donde se encuentran niños tutelados por la Administración pública”, sostiene la defensa de Mari.
Sires añade que en su estrategia legal también incluye solicitar a la Fiscalía de Menores que intervenga para determinar la situación de Josep en el centro donde se encuentra. También ha pedido una responsabilidad civil por los presuntos daños morales causados al chico durante todo el tiempo en el que ha estado interno.
Miedo a posibles represalias
La madre del menor ha insistido durante la conversación con Crónica Global que sí se siente apoyada por los responsables de servicios sociales que la han atendido hasta la fecha. "Hay profesionales a los que no puedo nombrar, que nos conocen, saben la relación que tenemos y están perplejos de que nos hayan separado", manifiesta.
"Desde el principio colaboré mucho e incluso llegué a creerme que igual era culpable de protegerlo demasiado", reconoce. "Cuando nos notificaron la retirada, le vendí a mi hijo todo como de color de rosa, aunque me estaba muriendo por dentro. Yo lo único que quería era que él no tuviese miedo". De hecho, "me dejaban verlo muy a menudo y hasta llevarlo de vacaciones". Ahora, vaticina la mujer, "sé que eso va a cambiar". Mari sostiene que ha dado un golpe en la mesa porque su hijo "está en peligro" y tiene mucho "miedo de que se haga daño".