La fiscalía de Barcelona ha dado carpetazo a la querella contra un agente de la Policía Nacional que se infiltró en La Cinètika, el centro social anarquista de Sant Andreu (Barcelona), al considerar que no existen indicios de los delitos de abuso sexual continuado, de torturas o contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y de impedir el ejercicio de los derechos cívicos de los que le acusaban las víctimas.
En total, seis mujeres se querellaron contra el policía a principios de 2023 asegurando que había mantenido relaciones sexuales y sentimentales con ellas con el único objetivo de obtener información sobre los movimientos sociales anarquistas de la Ciudad Condal.
Las relaciones fueron consentidas
La fiscalía alega que las relaciones que mantuvieron las mujeres y el agente "no fueron asimétricas", pues él no abusó de su condición de policía, que las querellantes desconocían. Además, añade, ellas manifestaron que él actuaba como "un modelo de nueva masculinidad" y que aceptaron libremente "sin violencia ni intimidación" las relaciones sexuales y que mantuvieron este consentimiento durante toda su práctica.
El Ministerio Público argumenta que se desconoce si las mujeres manifestaron al querellado que "nunca tendrían ningún tipo de relación con un policía", pero en cualquier caso, no existe ningún indicio que sustente que el agente se acostó con ellas porque éstas eran objetivos o instrumentos de una investigación, por lo que las relaciones pudieron ser "sinceras".
No hubo revelación de secretos
Sobre el presunto delito de revelación de secretos la fiscalía alega que las querellantes aseguraron haber compartido con él información personal sobre su sexualidad, familia e ideolgía política, en quien depositaron su confianza por pertenecer al colectivo anarquista y a los chats y listas de difusión.
Sin embargo, no ha quedado acreditada qué clase de información le facilitaron al policía ni que ésta pueda considerarse "sensible" ni tener la consideración de "secreto" que exige el tipo penal, pues la ideología política de las querellantes "no era ningún misterio".
El Ministerio Fiscal insiste en que, en caso de aceptarse la argumentación sobre la revelación de secretos, existe el riesgo de criminalizar la labor de otros profesionales, como los detectives privados o los periodistas.
No se coartaron sus derechos
La querellantes también alegaron que los actos del investigado coartaron su ejercicio de los derechos cívicos, pues ya no se relacionan de la misma forma en los ámbitos que compartían con el querellado. El hecho de descubrir que era policía, según ellas, ha "inhibido su militancia y actividad participativa en los espacio políticos con la misma implicación que tenían antes" de este episodio por el trauma sufrido.
Sin embago, la fiscalía argumenta que "no se señala en la querella ningún acto concreto que se hubiera impedido realizar a alguna de las seis querellantes" y que, si bien se dice que se ha menoscabado su libertad a ejercer los dereechos cívicos estos permanecen "intactos". "Pueden ejercerlos igual que lo hacían antes de los hechos que denuncian", reitera.
¿Hubo sentimientos reales?
Sobre la transgresión de los límites legales en las tareas de inteligencia policial la fiscalía insiste en que incluso "suponiendo que fueran ciertos los hechos narrados en la querella" no se puede dilucidar si el agente mantuvo relaciones con las querelladas "provocadas por sentimientos reales" o con el único fin de sonsacarles información. "No son materia penal y no pueden ser investigadas penalmente", zanja.
El caso del policía infiltrado en movimientos sociales de Barcelona llevó al conseller de Interior Joan Ignasi Elena a pedir "respuestas urgentes", mediante una carta pública, al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. “Desde el Govern observamos con extrema preocupación e indignación estas operaciones policiales con indicios de finalidades políticas que buscan perseguir y criminalizar determinados idearios”, rezaba el escrito que Elena hizo público a través de su perfil oficial de Twitter.