Abortar en Cataluña es legal y gratuito desde 2010. Aun así, todavía existen muchas mujeres que tienen que recorrer kilómetros hasta otro municipio o provincia para poder interrumpir su embarazo. Es el caso de las vecinas del Solsonès (Lleida), una de las comarcas con menos población del territorio.
Denuncian que no tienen la posibilidad de abortar ni a través del método quirúrgico --también conocido como aborto instrumental-- ni farmacológico en ningún centro sanitario de la comarca, por lo que ellas consideran "falta de voluntad e interés" de las instituciones locales y comarcales.
Manresa o Lleida
En el caso de querer o necesitar interrumpir el embarazo a través del sistema de salud público, tienen que desplazarse más de 40 kilómetros hasta Manresa (Barcelona) o la ciudad de Lleida, lo que complica todavía más la tarea a las mujeres que no disponen de vehículo propio. La comunicación con trasporte público es compleja entre estos territorios.
El Grup de Gèneres del Solsonès, una agrupación feminista de la zona, considera que esta situación "vulnera el derecho al aborto" de aquellas personas que dependen de otras para desplazarse en coche, lo que dificulta que puedan tomar la decisión de manera individual y privada. Ponen como ejemplo el caso de mujeres jóvenes que no quieren informar a sus familiares o aquellas que deciden no explicárselo a sus parejas.
"Falta de voluntad"
Tal y como ha confirmado el Departamento de Salud a este medio, si una usuaria de la comarca en cuestión solicita una interrupción voluntaria del embarazo, el centro de referencia en la zona, el Centre Sanitari del Solsonès, la deriva a Manresa. Señalan que este no cuenta con los recursos determinados por la normativa ni la acreditación específica para realizar abortos.
"Asumimos que las limitaciones desde el punto de vista de infraestructura de nuestro centro sanitario no permiten realizar el aborto quirúrgico, denunciamos que la imposibilidad de abortar farmacológicamente es una cuestión de falta de voluntad", remarca la asociación feminista.
Objeción de conciencia
En este sentido, aseguran que el Centre Sanitari del Solsonès cuenta solo con dos ginecólogos y que ambos son "objetores de conciencia". Es decir, que se niegan a realizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta información no ha sido confirmada por la Consejería de Salud.
"Entendemos el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, pero lo entendemos como un derecho individual que no tiene que impedir el derecho al acceso al aborto de toda una comarca", subrayan. Así, creen que es responsabilidad directa del centro garantizar que haya personal disponible y no objetor para suministrar las dos pastillas y evitar así "todas estas situaciones de desigualdad y desemparo".
Clínicas privadas
Como en esta comarca, son muchos los territorios en Cataluña y España que no disponen de centros sanitarios donde se pueda realizar este tipo de práctica de manera gratuita, por lo que obliga a estas mujeres a tener que desplazarse hasta otra provincia u optar por una clínica privada, renunciando así a su derecho de realizarlo a través de la Seguridad Social.
Diversos estudios apuntan a que la gran parte de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en España viven zonas urbanas, y solo una pequeña parte en zonas rurales.