Josep, el vecino de Esparreguera que dormirá en la calle tras la okupación de su piso

Josep J., vecino de Esparreguera (Barcelona) y calificado como persona en riesgo extremo de exclusión social tras la quiebra de su empresa, asegura que se quedará en la calle a partir del 8 de junio. El motivo, explica durante un encuentro con Crónica Global, radica en la okupación de su vivienda sobre la que, además, pesa una ejecución hipotecaria. Asimismo, dice sentirse abandonado por la Administración, aunque el ayuntamiento de su localidad promete que ha puesto todos los recursos posibles a su alcance y que le facilitará un nuevo techo a partir del jueves.

A punto de cumplir 60 años, enfermo y sin una red familiar que pueda prestarle apoyo en esta situación de extrema precariedad, Josep pidió ayuda a los Servicios Sociales y comunicó a sus inquilinos su intención de volver a su piso de Esparreguera a principios de año. “Les dije que ya no podría renovarles el contrato, pero se atrincheraron en el piso y ahí llevan, desde el 1 de febrero”, denuncia. 

El piso para emergencia habitacional, vacío

Después de pedir asistencia a los Servicios Sociales le llevaron a un hotel con pensión completa, en el que estuvo durante ocho días. Y, a continuación, se trasladó a una habitación en una vivienda privada de Esparreguera, en la que residió durante un mes y en la que preveía permanecer hasta verano, pero los dueños no pudieron alargarle más la estancia.

“Dije a los Servicios Sociales que el 8 de marzo se terminaba el alojamiento y me quedé en la calle”, afirma. A partir de ese momento, Josep vivió en un coche “durante 39 días con sus respectivas noches”. Lo que más le duele, asegura, es que mientras vivía en el pequeño turismo el piso para emergencias habitacionales de la localidad estaba vacío.

Recursos municipales limitados

Así lo han confirmado a este medio fuentes del consistorio. Explican que, efectivamente, el piso está vacío porque los trámites para establecer un convenio con el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Cataluña para cederlo a la Mesa de Emergencia Habitacional no han concluido. “La competente en la gestión de este piso es la Generalitat, pero el proceso se ha retrasado más de cuatro meses”, indican las mismas voces.

El afectado es consciente de esta burocracia, pero insiste en que el ayuntamiento debe tener acceso a esa vivienda para abrirla si se dan casos como el suyo. Por ahora, el único piso en Esparreguera para albergar a personas en situación de vulnerabilidad, como Josep, permanece cerrado a cal y canto a la espera de que la Aministración autonómica termine el papeleo.

Solicita volver a su piso

A las puertas de la precampaña de las elecciones municipales, Josep, que cuenta con 40 años de activismo social a sus espaldas, amenazó con iniciar una huelga de hambre indefinida durante un pleno municipal. No hizo falta, porque los Servicios Sociales le ofrecieron otro alojamiento temporal. Desde entonces reside en un hostal de Vilafranca del Penedès en régimen de media pensión. “Para comer, cuando puedo, recurro al comedor social de Cruz Roja de Martorell”, relata. 

El contrato con Servicios Sociales, que concluye el 8 de junio y al que ha tenido acceso este medio, incluye una serie de acciones que Josep tiene que cumplir para mejorar su situación personal. Se queja de que la idea de los Servicios Sociales, según él, es que se pueda pagar el alquiler de una habitación y sea autosuficiente. “Si le buscaran una alternativa residencial a la familia que ha okupado mi casa yo podría volver a mi piso”, insiste. 

Una alternativa también para los okupas

Fuentes municipales consultadas por este medio declaran que el suyo es un problema de propiedad privada entre particulares que debe dirimirse en los tribunales. Partiendo de esa base, sostienen que desde el consistorio hicieron lo que está a su alcance para "acompañarlo y asesorarlo" tanto en el acceso a la red de alojamientos de emergencia como en la solicitud de las ayudas sociales. Además, indican que, aunque la renovación de su estancia en el hostal termina este jueves, se le facilitará otro alojamiento de urgencia, como explican que ya hicieron desde que tuvieron conocimiento de su caso.

Sin embargo, él rechaza que, teniendo un piso propio, le hagan ir de aquí para alla. "La solución, con voluntad política, es fácil, porque hay un piso vacío: o que me lleven a mí o a los okupas, y de esta forma yo podría volver a mi casa”, solicita al consistorio, a quien apremia para que se ponga de acuerdo con la Mesa de Emergencias de Cataluña para utilizar esta vivienda. 

Por si fuese poco, sobre la vivienda propiedad de Josep pesa una ejecución hipotecaria por falta de pago. En pocos meses, vaticina, llegará la orden de lanzamiento para vaciar el piso. “Necesito ir a mi casa porque es la última baza para negociar con la entidad bancaria una dación en pago con alquiler social”, subraya. “Pero como no estoy, no lo podré negociar. Cogerá dentro a la familia okupa, a quien sí ofrecerán una alternativa habitacional”.

Alternativa habitacional para los allanadores 

A pesar de los perjuicios que le han originado, Josep sigue defendiendo que a la familia okupa, que también es vulnerable, “se le tiene que buscar un lugar al que ir”. De hecho, asegura estar dispuesto a compartir la vivienda con ellos. Un extremo al que, según su relato, la otra parte se ha negado.

Con este panorama, reconoce que incluso se ha planteado recurrir a los servicios de Desokupa u otra empresa del mismo perfil. Aunque se topa con otro problema: con la ayuda social que recibe, de 480 euros al mes, no puede pagar los honorarios de estas compañías. 

"Pido a Dios poder entrar en mi piso"

“Anhelo y le pido a Dios poder entrar en mi piso, que hasta que me lo quiten es mi casa. ¡Es que es mi casa!”, repite desesperado. Josep añade que si esta situación se hubiese producido con un “gobierno municipal de derechas” no le hubiese sorprendido tanto, pero insiste en que lo que más le duele es que su situación se haya enquistado en un municipio en el que gobiernan el PSC y Catalunya en Comú, dos formaciones sensibilizadas con el acceso a la vivienda. 

Por eso, anuncia que si se queda en la calle hará una huelga frente a la sede de los comunes en Barcelona y que está dispuesto a hacer escraches a los máximos representantes hasta que se resuelva su caso.