La agitación social y política que ha vivido Cataluña estas últimas semanas a causa de la okupación no ha tocado su fin. Ahora, la Generalitat pone contra las cuerdas a los propietarios para que proporcionen alquiler social a los okupas.
La forma en que se están haciendo estos requerimientos es a través de una carta, generalmente remitida por la Agencia Catalana de l’Habitatge de la Generalitat en la que se advierte a los dueños de las viviendas que deben ceder a arrendarlas. Sin embargo, en muchos casos los propietarios no tienen ninguna obligación legal de hacerlo.
Los vecinos tapian la casa tras conseguir echar a los okupas
De forma insistente
Según ha explicado el socio fundador del bufet InLegis, Marc Cucala, a La Vanguardia, "están recibiendo estos requerimientos pequeñas empresas, propietarias de 3 o 4 pisos e incluso propietarios particulares. No son expertos en leyes, y cuando reciben esta carta de la Administración catalana se asustan y, efectivamente, firman un alquiler social con los okupas. Y entonces sí que no tienen ya ninguna manera de recuperar la vivienda".
Además, dice Cucala, se están recibiendo de forma insistente y, en la mayoría de casos, desde la Agència Catalana de l'Habitatge. "Estamos recibiendo cinco cartas de este tipo a la semana, algo que no nos había pasado nunca”.
Agència Catalana de l'Habitatge
Sin obligación legal
Cucala ha recordado en su conversación con el citado medio que "solo están obligados a ofrecer un alquiler social en caso de ocupación ilegal, los grandes tenedores". Es decir, entidades financieras y sus filiales, "fondos de inversión, de capital riesgo y de gestión de activos, como la Sareb o empresas que tengan más de 10 viviendas o particulares con más de 15".
Sin embargo, "un gran porcentaje de las cartas corresponden a casos en los que no se cumplen los requisitos que establece la ley". Tanto es así, explica, que "En muchos casos el propietario responde a la Administración negándose a ofrecer el alquiler, y acreditando que no está obligado, y esta lo reconoce y archiva el expediente".
Un cartel en el balcón de una vivienda en alquiler
La Administración lo niega
La Agència de l’Habitatge, por su parte, desmiente cualquier cambio en los procedimientos e insiste en que el funcionamiento es el mismo.
Así, la Administración insiste en que solo envía requerimientos para ofrecer un alquiler social a los propietarios que están obligados a ello.