La funeraria de Tarragona lava su imagen en pleno escándalo de Antifraude

Lo ha sabido Crónica Global de fuentes internas de la sociedad mixta, que han alertado de que el consejo de administración de Emserfumt, la funeraria de Tarragona, invertirá 128.381 euros en vender la mercantil a los medios informativos y a la ciudadanía en general. Será por medio de campañas y "organización de eventos para divulgar el valor social de la empresa". 

Investigación de Antifraude

La decisión del consejo de la empresa final del ciclo de vida sería una más salvo por un extremo: la empresa municipal se encuentra en una crisis colosal de reputación tras iniciar Antifraude una investigación por presunta mala gestión. 

El fiscalizador anticorrupción ha destapado anomalías en la contratación, con abuso de encargos menores, descontrol en la gestión de personal y, quizá lo más preocupante, incrementos salariales sin cobertura legal alguna en pleno pico de la pandemia del coronavirus en 2020, cuando había un pico de fallecimientos. 

El alcalde, responsable

Hay otra arista, y es la política. Cabe recordar que el presidente del consejo de la Funeraria es Pau Ricomà, alcalde de la capital provincial con ERC. Aunque la gerencia la pilota Clara Viñas desde 2019, el primer edil republicano comanda el órgano de gobierno y llegó a cobrar dietas. Tiene una responsabilidad directa en el operador. 

Ello se conoce en un momento, a dos días de que los ciudadanos de Tarragona vayan a votar, cuando ERC se juega la alcaldía de la urbe con el PSC. Los socialistas ganarían los comicios locales hoy, como informó este medio, pero la batalla será reñida. 

Enajenada en 1989

El ayuntamiento de la ciudad enajenó el 49% de las acciones de la empresa municipal de servicios funerarios en 1989. Entró Funespaña, la empresa de final de vida del gigante asegurador Mapfre. El ayuntamiento conserva la mayoría con un 51%. 

En este contexto llega el escándalo de Antifraude, que se suma a otra controversia en el sector de la provincia: la ampliación de la funeraria de Reus, que nace entre dudas sobre su viabilidad económica y pendiente de un rescate de los ayuntamientos en los que operará, según alertó un informe de la auditora KPMG.