El Síndic propone pasar la factura del despliegue policial a Desokupa en la Bonanova

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha irrumpido en la crisis generada por la okupación de los edificios de la Bonanova. Lo ha hecho con una seria reprimenda a Desokupa por sus "provocaciones" y "amenazas". Hasta el punto de que ve "imputable" a esa empresa el gasto público por el operativo policial que debe garantizar la seguridad en el barrio.

El desalojo extrajudicial anunciado por Desokupa de los edificios de La Ruïna y El Kubo ha elevado la tensión en esta zona de la ciudad, lo que ha obligado a los Mossos d'Esquadra a desarrollar un gran dispositivo para evitar el enfrentamiento entre la empresa, vinculada a la extrema derecha, y los antisistema. Ambas partes han anunciado que se manifestarán mañana.

David Bondia, síndic de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BCN

David Bondia ha reprochado a la empresa liderada por Daniel Esteve sus "amenazas" hacia los okupantes de los inmuebles por entender que constituyen una provocación irresponsable, según afirma en un comunicado.

Autoridad judicial

Tras pedir a las administraciones a coordinarse para "restablecer la paz social", ha recordado que el desalojo debe instarlo la propiedad y dictarlo una autoridad judicial. "La intervención en el proceso de cualquier otro agente no está amparada legalmente", ha subrayado.

Ha señalado que ambos inmuebles son mayoritariamente de la Sareb, quien este martes volvió a pedir al juez que ordenara cautelarmente desalojar La Ruïna "ante la escalada de tensión" en la zona. Tal como publicó Crónica Global, la empresa pública ha dejado claro que no han contratado ni a Desokupa ni a cualquier otra compañía del mismo perfil para realizar un lanzamiento al margen de la ley. También ha seguido todos los procedimientos internos definidos para detectar posibles residentes vulnerables en los inmuebles, aunque no han encontrado ninguno de este perfil. Por todo ello, desde el entorno del también llamado banco malo de España se advierte de que cualquier actuación para forzar un desahucio privado incurriría en un delito.