Luz verde para que la Guardia Civil registre la incineradora Tersa y revise si contaminó en exceso

La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Guardia Civil para que registre la incineradora de Sant Adrià de Besòs gestionada por Tersa y compruebe si la planta contaminó en exceso, tal y como sugiere la fiscalía, lo que habría puesto en "riesgo grave" la salud de los vecinos de la zona.

El cuerpo policial solicitó a principios de año una autorización al juzgado de instrucción 5 de Badalona para practicar un registro de la planta, aunque la petición fue denegada. Ahora, la Audiencia ha concedido la orden después de que tanto la fiscalía como la plataforma vecinal Aire Net interpusieran recursos.

Eloi Badia declara ante el juez

Según ha podido saber El Periódico, el juzgado de Badalona desechó la petición de la Guardia Civil al considerar que registrar la planta resultaba "prematuro" en el momento actual de la causa, que tiene su origen en abril de 2018, después de que Aire Net presentara una denuncia ante la fiscalía. La Audiencia de Barcelona, en cambio, ha considerado que la diligencia sí es procedente y necesaria para continuar la investigación. 

El  concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia, declaró este martes ante el juez por la presunta comisión de un delito ecológico en relación con las partículas contaminantes de la incineradora.

Unidad del Seprona

Fue la unidad del Seprona de la Guardia Civil la que reclamó una autorización a la jueza de Barcelona para poder registrar la incineradora. En concreto, solicitaron el permiso "al objeto de la prosecución de las investigaciones", reza el oficio fechado el pasado 3 de enero al que ha tenido acceso el citado medio.

El cuerpo policial argumentó que el registro era necesario debido a la "no existencia de otro medio menos lesivo para la comprobación del modus operandi empleado para llevar a cabo los delitos investigados". 

"Riesgo grave para la salud"

El escrito del ministerio fiscal señala que “los denunciados habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental y que podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas” del entorno, dado que una de las tres chimeneas “expulsaba numerosas partículas y gases contaminantes durante los procesos de combustión”.

Las dudas radican en el sistema para medir la temperatura de combustión. Si bien la defensa ha argumentado que el Departamento de Acció Climática de la Generalitat ha validado el sistema en cuestión, la acusación critica que no han dado ninguna explicación a la multitud de preguntas sobre la eficiencia de la panta y la contaminación.