Cataluña sufrirá más restricciones de agua si no llueve en los próximos meses

El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, ha asegurado que Cataluña podría aplicar nuevas restricciones en el consumo de agua si no llueve a lo largo de esta primavera y verano y ha alertado de que se está alcanzando "el mínimo histórico" del nivel del agua en esta situación de sequía excepcional que atraviesa la comunidad autónoma.

"Por eso, creemos que en agosto y septiembre entraríamos en emergencia en el sistema Ter-Llobregat" ha explicado Reyes este domingo en una entrevista en el programa Via Lliure de Rac1. Las nuevas limitaciones contemplarían pasar de los 230 litros por habitante al día a los 200 litros, una medida que afectaría a todas las actividades económicas como restaurantes, comercios, gimnasios y hospitales.

Cruce de reproches

De acuerdo con Reyes, el Govern "no ha tenido ni el tiempo ni la capacidad" para hacer las inversiones necesarias para hacer frente a esta situación, aunque ha subrayado que tanto el ejecutivo de Pere Aragonès como el resto de partidos trabajan para encontrar una solución.

Las medidas adoptadas por el Govern para hacer frente a la sequía han provocado un cruce de reproches entre los partidos catalanes. Mientras PSC y Junts per Catalunya (JxCat) critican el retraso en la respuesta a la falta de agua y la renuncia al consenso, ERC ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos de la oposición. La pugna ha llegado después de que, en el último Pleno del Parlament, los republicanos se quedaran solos en la probación de su decreto de medidas.

Sanciones

El director de la ACA anunció el pasado 2 de marzo que las restricciones para luchar contra la falta de agua entrarían en vigor una semana después. Las restricciones en el uso de agua afectan a 224 municipios de 15 comarcas y a más de seis millones de habitantes.

Hasta la fecha, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha expedientado a diez municipios por no presentar su plan para afrontar la sequía, algo que estaban obligados a hacer antes de junio de 2020, en caso de superar los 20.000 habitantes. Las localidades sancionadas podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros.