“Es el momento de replantear la edad imputable de los menores”

Las agresiones sexuales perpetradas por menores de edad, algunos de ellos inimputables por tener menos de 14 años, pone sobre la mesa cómo abordar la reeducación de estos niños, pero también ha abierto un debate sobre la pena que deben recibir. Algunos de los juristas consultados aseguran que “es el momento de replantear la edad imputable de los menores”.

Además de analizar los factores que hay detrás de estos comportamientos violentos y de realizar un acompañamiento de los agresores, el abogado y criminólogo y miembro de Liderem, Pablo de Palacio, sugiere que "ha llegado el momento de plantear un cambio en la legislación", dado que la ley se ha quedado "desfasada", precisamente porque "nació para evitar que menores coaccionados por adultos para que cometieran delitos fueran castigados”, pero ahora debe adecuarse a la evolución de los tiempos. “Nos estamos encontrando con menores que sí que son conscientes de la ilicitud de los actos que cometen y, además, con que el consumo masivo de pornografía está acelerando este problema”, asegura. En la misma línea, el doctor en Sociología y Filosofía en la Universitat de les Illes Balears Lluís Ballester asegura que el hecho de que todo acabe para ellos con una pequeña sanción “es como darles gasolina”, aunque apuesta por otras medidas no punitivas para frenar estas agresiones como la educación sexoafectiva o el control parental.

El proceso civil, "complicado"

En el caso de los menores inimputables la vía penal no se puede ejercitar, dado que se considera que no tienen responsabilidad sobre sus actos porque no comprenden sus acciones o las consecuencias derivadas de las mismas. Sin embargo, recuerda De Palacio, las víctimas sí que pueden iniciar un proceso por la vía civil para reclamar una indemnización a la que tendrán que hacer frente los padres, tutores legales o incluso la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en caso de que los agresores sean menores tutelados por la Administración pública. No obstante, “este proceso civil se complica de manera abismal sin un proceso penal previo”. En este sentido, el penalista recuerda que la vía civil no se centra en demostrar la autoría de los hechos sino “los agravios que haya podido producir a la víctima”.

En los casos en los que el menor sea inimputable, “queda libre, sin ningún tipo de repercusión penal”, dado que no se puede acreditar su culpabilidad. “No pierden ni un ápice de su libertad”, insiste el letrado. Además, después de cometer un hecho ilícito, aunque este sea de extrema gravedad “no tienen antecedentes penales de ningún tipo, ningún punto negro en su historial”. En el caso de que tengan más de 14 años en el momento de cometer los hechos quien asume la instrucción del caso es la Fiscalía de Menores, que en caso de detectar indicios de criminalidad lo deriva al juez de menores. Sin embargo, De Palacio recuerda que “las penas punitivas” son muy inferiores a las de los adultos. Aunque en este caso pueden ingresar en un centro de menores, cuando cumplen 18 años tampoco tienen antecedentes penales, aunque sí que figuran en un fichero de Justicia.

Los inimputables, en manos de la DGAIA

La única solución para aquellos niños inimputables que cometan un delito de peso son los programas y las terapias psicológicas individualizadas que ofrece la DGAIA, junto a la colaboración de algunas asociaciones especializadas en casos de abusos.

Cuando un menor inimputable comete un delito, según el protocolo, la Fiscalía de Menores o los Mossos d'Esquadra derivan a estos niños a la DGAIA, que aborda estos casos mediante el programa Educant en la responsabilitat. Fuentes del Departamento de Derechos Sociales han explicado a este medio que dicho programa tiene como objetivo “dar respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que se considerarían delictivos si fueran mayores de esa edad”.

Acompañamiento y terapia

La actuación de la DGAIA se centra principalmente en la prevención y en la restauración de los menores, atendiendo a los factores de riesgo de conductas disociales, la responsabilización del infractor, la reparación del daño a las víctimas y la restauración de las relaciones sociales. En este programa, "el equipo valora el caso y realiza un estudio individualizado del agresor y de su situación personal, social y familiar para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro", aclaran las mismas fuentes. 

Fuentes de la DGAIA aclaran que pueden citar a los padres y al menor para valorar la situación familiar y "determinar si hay una situación de desprotección". En caso de que sea necesario, se inicia un acompañamiento educativo terapéutico desde el mismo servicio --que de media suele durar un año-- o se activan otros recursos más convenientes para atender las necesidades específicas detectadas.