Asociaciones animalistas arremeten contra el Govern por ceder ante el sector de la caza

Más de 30 entidades de protección de los animales se unen en una protesta contra el Govern por “desproteger a los animales de Cataluña”, modificando el texto refundido de la Ley de Protección de los animales para dejar fuera de la obligación de disponer del permiso de núcleo zoológico a aquellas instalaciones que alojen a menos de 15 perros mayores de tres meses de edad y un número no establecido de crías.

Así, con el lema de #NiUnaPotaEnrere, los animalistas acusan a la Generalitat de ceder a la demanda histórica del colectivo de caza, suavizando los controles actuales sobre la trazabilidad, la cría y el bienestar de los animales alojados, así como el control sanitario para evitar potenciales riesgos de zoonosis.

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Menos control

En la actualidad, las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, como las perreras deportivas, de caza o centros de importación, independientemente del número de animales que acojan, están obligadas a inscribirse en el Registro de Núcleos Zoológicos de Cataluña, lo que facilita a la autoridad competente ejercer un control sobre ellos, por lo que esta modificación de la ley podría comportar "un grave perjuicio tanto para la salud de los propios animales como para la de las personas".  

Con el nuevo redactado que se pretende aprobar, las perreras deportivas, de caza o centros de importación de animales no estarán reguladas por el artículo 21 del texto refundido sobre requisitos de funcionamiento de núcleos zoológicos. Entre estos requisitos, “disponer de un servicio veterinario encargado de velar por la salud y el bienestar de los animales. 

Agentes del Seprona de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL

Las asociaciones entienden que con esta modificación no se asegurará que las instalaciones cuenten con los medios necesarios para el aislamiento sanitario o disponer de las condiciones higiénico sanitarias y de bienestar adecuadas a las necesidades de los animales, en los términos establecidos por la normativa vigente". Tampoco tendrán la obligación de llevar un libro de registro que, además de servir de sistema de trazabilidad de los animales alojados en estas instalaciones, tiene la función de control sanitario.  

Concesión al sector de la caza

Las diferentes asociaciones consideran que con la modificación de esta norma, la Generalitat está cediendo a la demanda histórica del colectivo de la caza, y priorizando sus intereses al bienestar de animales y personas. Asimismo, alertan de que de llevar a cabo esta medida se estaría retrocediendo y asumiendo graves riesgos sanitarios y/o medioambientales consentidos por parte del Govern. 

Además, recuerdan que hasta el momento ningún gobierno ha tenido la voluntad de actualizar y aprobar normativa más avanzada en el control y protección de los animales. La normativa que regula las condiciones de mantenimiento de los animales de compañía es de hace 24 años, y las entidades exigen que, como mínimo, ho haya retrocesos en la ya débil protección de los animales que se encuentran de forma temporal o permanente en Cataluña. 

"Impunidad para infringir la ley"

FAADA denuncia que en Cataluña "las perreras que albergan animales de compañía para cazar tienen impunidad para infringir la ley". Según la fundación, en los últimos cuatro años "ha presentado decenas de denuncias exponiendo las malas condiciones en las que viven muchos animales de compañía en Cataluña". Sin embargo, "las denuncias que presentamos las asociaciones de protección animal son archivadas".

Uno de los ejemplos a los que se refiere la asociación animalista con esta afirmación tiene que ver con un episodio sucedido en 2010, cuando se pidió al Seprona que inspeccionase una perrera ubicada en el municipio de l’Estany, precisamente donde el Presidente de la Federación Catalana de Caza mantiene a sus perros. El resultado, lamentan los animalistas, fue que se levantó un acta porque "carecían de la correspondiente licencia de nucleo zoológico, de licencia ambiental y, además, se constató que los perros permanecen atados sin apenas posibilidad de movimiento". Sin embargo, al presentar la denuncia ante Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat en Barcelona, "permanece misteriosamente parada sin saber porque motivo".

Según FAADA, los denunciados presentaron alegaciones asegurando que “hay una acuerdo tácito con la dirección general del departamento de Medi Ambient de que hasta que no se desarrolle el reglamento de la Ley de protección de los animales no se harán denuncias, ni se perseguirá al colectivo“. Finalmente, explica FAADA, declararon la caducidad del expediente y archivaron la denuncia. La entidad concluye que "el reglamento que desarrollará la actual Ley de Protección de los Animales, y que lleva ya un retraso de nueve años, otorga al colectivo de cazadores unos privilegios que afectarán directamente a los derechos de los perros de caza".