Los juristas recelan de los avisos a víctimas de agresores reincidentes

El Ministerio del Interior ha dado luz verde para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alerten a víctimas de malos tratos sobre los antecedentes por violencia de género de sus agresores. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado ya la instrucción 1/2023 que entrará en vigor este viernes y que tiene como objetivo proteger a las mujeres de los denominados “agresores persistentes”, como avanzó el ministro Fernando Grande-Marlaska en diciembre. Sin embargo, los juristas acogen con recelo la nueva medida.

En el caso de la policía autonómica de Cataluña celebran el nuevo protocolo, pero aclaran que, por el momento, desconocen cómo será su implementación a falta de instrucciones concretas. Las fuentes consultadas señalan que el cuerpo de Mossos d’Esquadra “valora positivamente” el nuevo protocolo, que consideran “una mejora para las víctimas”, y aseguran que lo tendrán en cuenta. Sin embargo, dicen desconocer más detalles sobre su aplicación.

A la espera de instrucciones

Aseguran haber recibido el comunicado de Interior, pero no el texto oficial con la instrucción ministerial. “Habrá que ver jurídicamente cómo se aplica y cómo nos requiere la Fiscalía Superior de Cataluña”, subrayan. Ahora, dicen, habrá que “trasladar esta instrucción a la operativa policial”, un proceso que no parece que se vaya a producir de forma inmediata. No obstante interpretan como un avance “poder informar a la víctima de los antecedentes de su agresor”.

Entre los juristas la medida ha generado críticas. Núria González, abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres y los niños, subraya que desconoce cómo se implementará el protocolo, pero advierte de que los antecedentes solo pueden consultarlos los jueces o las Fuerzas de Seguridad del Estado. “Habrá que consultar la orden ministerial para saber cómo se hará, pero para hacer esto tendría que modificarse el reglamento que lo regula”.

Una moneda de doble cara

La abogada tacha esta medida “de presupuesto cero” de efectista y avanza que no tendrá ninguna utilidad fáctica más allá del “gran titular”. Denuncia que, nuevamente, se espera que las mujeres se autoprotejan. “¿Acaso además de informarlas les van a poner un policía?”, reflexiona.

Además, subraya, chocará frontalmente con un sistema que, en principio, apuesta por la reinserción. La jurista advierte de que la medida vulnerará el derecho a la intimidad de aquellos agresores que ya hayan pagado cumpliendo una condena, “como la idea de colocarles una pulsera telemática”. Además, si bien es cierto que pueden reincidir, los datos reflejan que solo un 9,3% --61.079 de los 655.571 agresores machistas que figuran en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género VioGen-- son reincidentes. "Conocer los antecedentes no garantiza que reincida, tampoco que no lo haga".

Por otro lado, expresa González, la medida podría responsabilizar a las víctimas. “Si se le informa de que su pareja tiene antecedentes pero decide continuar con él, ¿se utilizará en su contra en un proceso judicial futuro? Es perverso porque podría acabar responsabilizando a las víctimas. Es otra forma de revictimización”, condena.

Riesgo alto o extremo

Según el nuevo protocolo la alerta se activará cuando las fuerzas de seguridad detecten un nuevo caso de violencia de género a manos de un agresor que ya tenga antecedentes por el mismo delito con una antigüedad máxima de cinco años. Las comunicaciones no serán generalizadas y sistemáticas, sino que cada caso se analizará de forma individual y se tendrán en cuenta diversos factores, como la gravedad de los antecedentes y el nivel de vulnerabilidad de las víctimas.

Si tras el análisis de estos factores se considera que existe un riesgo medio de especial relevancia de que el agresor ejerza una violencia alto, extremo, muy grave o letal, se le comunicarán sus antecedentes a la víctima sin entrar en detalles sobre los cosas anteriores.