El infierno de 60 familias de Esplugues: "Nos abonamos al gimnasio para ducharnos con agua caliente"

Unas 60 familias, de tres fincas de viviendas sociales en régimen de alquiler de Esplugues, denuncian en el ayuntamiento estar soportando “acoso económico” y carencia de servicios básicos por parte de Visoren, la empresa que se hizo con la concesión para la explotación de sus edificios en 2009 y que --tal como figura en los contratos-- se encarga de la contratación del suministro de agua caliente y calefacción a través de Sermavi.

Según cuentan los vecinos a Crónica Global, la situación es “insostenible y perpetua”, ya que se les exige pagar unas cantidades aberrantes por estos servicios, mientras sufren "cortes relativamente frecuentes", e incidencias que les llevan a no poder ducharse porque el agua sale absolutamente sucia. "Algunos hemos tenido que apuntarnos al gimnasio para tener una ducha caliente y decente".

Más caro el gas que el alquiler

Los residentes de Juli Garreta, Josep Ventura y Gaspar Fàbregas llevan una década quejándose de la dudosa gestión que Visoren hace en sus edificios. Sin embargo, la guerra estalló a finales de diciembre de 2022, cuando la licitadora comunicó a los vecinos que debían pagar con carácter retroactivo el incremento del precio del gas, que no se les había aplicado durante el año.

Así, según la documentación entregada por los afectados a este medio, se han llegado a reclamar cantidades de hasta 3.181 euros en concepto de agua caliente y calefacción por el consumo de enero a noviembre de 2022, mientras que en diciembre --ya con los precios actualizados-- las facturas han rondado los 150 euros de media. Según la documentación entregada a este medio, la subida practicada en el precio del agua caliente es de, aproximadamente, un 280% con respecto a la que pagaban hasta el momento de la revisión.

Sin justificación alguna

Los vecinos aseguran estar viviendo una pesadilla y exigen al consistorio que analice la gestión de la empresa, que hasta la fecha no ha argumentado los recibos que pasa a los vecinos, ni en cuanto al mantenimiento, por el que pagan 85 euros cada uno al mes, ni en cuanto a los suministros. “No sabemos quién es la comercializadora original, por lo que no podemos comprobar si las tarifas que nos aplican se ajustan a la legalidad, ni se nos justifica el gasto de cada vecino”, ya que la caldera es comunitaria.

Las quejas por el mal mantenimiento de los bloques han sido incesantes. “Tenemos un nido de gaviotas en la azotea que no solo impide nuestro descanso, sino que además va acompañado de varios cadáveres de paloma para alimentar a las crías”. Además, “empieza a haber un volumen elevado de cucarachas tanto en la zona comunitaria como en domicilios”, comunicaban los vecinos de Juli Garreta al consistorio y a Visoren el pasado 16 de junio de 2022. También en Gaspar Fàbregas y Josep Ventura se han denunciado déficits importantes de mantenimiento.

La postura del ayuntamiento

El pasado 10 de enero, portavoces de los tres edificios se reunieron con el primer teniente de Alcaldía de Esplugues, Eduard Sanz, la directora de derechos sociales, Agnes Mateu, y varios técnicos del consistorio. Tras múltiples requerimientos previos por email, según los vecinos, se les exigió que analicen y regulen el proceder de esta empresa con las viviendas públicas. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que se les emplazó a volver una vez los equipos de jurídicos del consistorio analicen si la actuación de Visoren es legal, según explicaron al término de la reunión a Crónica Global.

Un día después, Eduard Sanz atendió a este medio, al que reconoció que "existen déficits de mantenimiento en las fincas" y que se había aplazado el primer pago que Visoren reclama a los vecinos. Sin embargo, habrá que esperar a que el gabinete de abogados estudie la documentación y ver si el incremento del precio del gas y la exigencia del pago con carácter retroactivo se ajusta a la ley. En caso de tener razón los vecinos, Sanz se ha comprometido a eximirles de cualquier gasto jurídico. Eso sí, deberán esperar y contratar asesoramiento propio si quieren acabar con el problema pronto. 

Dispuestos a llegar al próximo pleno municipal

Los vecinos ya anunciaron a Visoren, y al equipo de gobierno y demás grupos municipales, que "la gota ha colmado el vaso de su paciencia", y que no se puede permitir que tantas familias paguen por viviendas sociales tal aberración y en tales condiciones. "Hay personas con importantes cuadros de ansiedad por no poder hacer frente a los pagos que se nos exige", han lamentado.

Ante esta situación, explican que únicamente se ha puesto en contacto con ellos el concejal del Partido Popular, Marcos Sánchez Siles, con quien se reunieron este jueves, y que se ha comprometido a asesorarles desde un punto de vista político, "dejando a un lado las diferencias entre partidos" porque "todos somos vecinos", algo que ha reiterado en una conversación con este medio. Ahora, el siguiente paso es llevar este problema al pleno del próximo 25 de enero y exigir soluciones. 

Al término de este reportaje, y a pesar de varios intentos por escrito y por teléfono, este medio no ha obtenido respuesta alguna por parte de Visoren.