La deriva privatizadora de Educación preocupa a los trabajadores del sector público

Crece el descontento en la comunidad educativa. Esta vez, por la deriva privatizadora que ha iniciado el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) y que preocupa a los profesionales del sector público. Y es que, según han confirmado a Crónica Global, ha encargado a la empresa Edai el servicio que tiene que ver con detectar las necesidades especiales de los alumnos que entran en el sistema. Es decir, en la etapa infantil. 

En este sentido, los trabajadores se quejan de que la Administración opte por una sociedad externa en vez de contratar a más personal de la función pública --orientadores--. Sin embargo, no cuestionan el objetivo porque "ayudará a que el alumnado tenga los recursos" adecuados.

Una tendencia al alza

No es la primera vez que el CEB confía en una entidad privada. De hecho, hace unas semanas licitó a la Fundación Vidal i Barraquer mediante concurso público un servicio de atención a las necesidades especiales en la etapa postobligatoria. Fuentes de Educación confirman que se trata de un plan piloto para "valorar qué servicios podrían necesitar los centros de enseñanza postobligatorios" con respecto a la evaluación de comportamientos sobrevenidos que pueden dificultar los aprendizajes no detectados durante la etapa obligatoria, relacionados sobre todo a problemas de salud mental o malestar emocional. 

Estudiantes de Formación Profesional técnica, algunos de los centros que la imparten han sido golpeados por la crisis económica / EFE

El servicio tiene la función de atender y asesorar a los centros en el abordaje de estas situaciones. Especialmente en cuanto a las adaptaciones metodológicas y --si es necesario-- curriculares "fomentando el aprendizaje entre iguales en la dinamización de equipos de trabajo", explican las mismas voces. 

"El problema es quién lo ejecuta"

Pero un nuevo caso ha vuelto a poner en alerta a los profesionales. Tal y como han explicado fuentes del CEB a este medio, se trata de "un contrato menor, no licitación," que da la empresa Edai y que entró en funcionamiento en la preincripción del curso 2022-23. "Sirve para conocer las necesidades que tendrá el alumno y para que el centro donde finalmente se matricule disponga de los recursos que necesita para su escolarización".

Así, está pensado para dar servicio a aquellas familias que marcan en la preincripción la casilla de NEE --necesidades especiales-- y no han estado detectadas previamente por otras vías. Hoy por hoy, el plan se está aplicando en los centros educativos de Barcelona, y se desconoce si se ampliará al resto de Cataluña. 

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Un buen servicio para los alumnos

A priori, la intención del plan es positiva para los menores y sus familiares. "El problema de este servicio es quién lo ejecuta", avisan. De hecho, los trabajadores públicos recuerdan que sólo se debería recurrir a las externalizaciones en aquellas situaciones que la Administración no pueda asumir. Es decir, cuando no haya profesionales que puedan hacer la tarea. "Pero en este caso, sí que hay expertos que pueden desarrollar esta función dentro del sistema público", avisan. 

Los mismos profesionales lamentan que la privatización sea una "tendencia" cada vez más habitual en varios espacios. Otro ejemplo es el Programa En Cercle, donde profesionales de una empresa externa desarrollan una tarea de acompañamiento emocional a través de la gestión positiva y restaurativa de las relaciones y del conflicto, tal como definen desde Contratación Pública. "Estamos observando que, cada vez más, hay ciertas actuaciones que se externalizan". Una práctica que los profesionales consideran "peligrosa" porque la Administración deja de tener "el control" sobre la actividad que se desarrolla, lo que da todo el poder a la empresa.

Desigualdad entre los profesionales

Por otro lado, consideran que esta deriva atenta contra los profesionales. "Las condiciones son desiguales, lo que provoca que el acceso para desarrollar estas funciones no sigue los principios de igualdad, mérito y capacidad". Por tanto, este sistema de externalización puede generar discriminaciones: "Si todas las personas que forman el sistema educativo tienen unas condiciones tan desiguales y con un control de su actuación diferente, se pone en riesgo el tipo de servicio y la calidad en la actuación", agregan. 

Una profesora en un aula, donde los interinos, embarazadas y enfermos salen más perjudicados por la mala praxis de educación / EUROPA PRESS

Ante este panorama, lo que exigen los sindicatos es que se creen más plazas: "No puedo entender que se externalice un servicio por el que tiene que velar la Administración", lamentan desde UGT, que ve "alarmante" que el CEB se "desentienda" de la gestión directa. Sobre todo, en cuanto a inclusión se refiere. 

También desde CCOO critican que ésta sea una "práctica habitual", aunque "muy grave". Especialmente en la fase infantil: "Que esta responsabilidad la tenga una fundación en la etapa inicial significa que no tenemos capacidad de controlarla porque no tenemos mecanismos para fiscalizarla", avisan. En la misma línea lo hace Ustec, que pedirá explicaciones al respecto.