La justicia retoma la causa del saqueo de la Feria de Abril nueve años después

Se estrecha el cerco judicial sobre la antigua cúpula de la Feria de Abril. Nueve años después de que la Federación de Entidades Andaluzas de Catalunya (Fecac) denunciara a su propio expresidente, Francisco García Prieto, por un presunto desfalco millonario en la organización del multitudinario evento de Barcelona, el magistrado que instruye la investigación ha empezado a preparar los pasos previos a la apertura de juicio oral.

En un auto emitido el pasado 11 de noviembre, el juez Santiago García, que también investiga a Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en las escuelas, da diez días a García Prieto, dos de sus hijos y otros cinco imputados, así como a la fiscalía y a las acusaciones, para que se pronuncien sobre las penas o aporten pruebas. El periodo ya ha vencido, por lo que ahora el juzgado de instrucción 29 de Barcelona deberá decidir si envía a los procesados a juicio oral o sobresee la causa.

Justo Molinero, Francisco García Prieto, Paquita Marín, Daniel Salinero y "Pocholo" Manuel Calderón en la Feria de Abril de Barcelona / CG

Giro en el caso

La reapertura del proceso ha supuesto un vuelco inesperado para las partes. Fuentes cercanas al caso señalan que, tras una larga espera, las diligencias se archivaron provisionalmente hace un año y todo apuntaba a un sobreseimiento hasta que el fiscal y una de las acusaciones pidieron reactivarlas. No han trascendido las novedades aportadas, pero han bastado para dar un nuevo impulso a la instrucción.

En el auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, quedan exculpados por ahora 12 de los encausados a través de un sobreseimiento provisional parcial y se archivan las diligencias contra a otro de los investigados, que ha fallecido. En cambio, dicta que prosiga el proceso contra García Prieto y los otros siete imputados por su presunta implicación en "los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos".

Imagen de una multitud en la Feria de Abril de Barcelona en una edición anterior a la pandemia /FECAC

Los gastos del Audi

En 2013, cuatro de los entonces miembros de la cúpula de la Fecac acusaron a su expresidente de desviar millones de euros de la facturación de la Feria de Abril y las subvenciones públicas que gestionaba la entidad, así como del cobro de comisiones a las empresas proveedoras. Dos años más tarde, la fiscalía atribuyó a García Prieto y otros directivos un agujero de 2,3 millones de euros.

En 2015, el juez impuso una fianza de 3,5 millones a la familia García Prieto para garantizar eventuales indemnizaciones por su presunto desvío de fondos. El expresidente declaró ante el juez que no tocó la Visa de la entidad más que para repararse un Audi de su propiedad, pero que posteriormente devolvió el dinero.

Feria de Abril de Barcelona / EFE

Varios implicados muertos

García Prieto culpó de todo al fallecido exalcalde barcelonés Josep Maria Socías Humbert, el abogado que le decía "lo que tenía que hacer". "Yo estaba en sus manos", llegó a asegurar en el juzgado. Sin embargo, el fiscal acusó al expresidente de la entidad de enriquecerse, principalmente a través del dinero cobrado a Damm para que sus cervezas tuvieran la exclusividad en la feria.

Las fuentes consultadas revelan que los denunciantes, cuatro exdirectivos de Fecac, decidieron tirar de la manta por temor a que las irregularidades de las que sospechaban les terminasen salpicando. Tras casi una década, dos de ellos han fallecido, uno padece una enfermedad grave y otro está imputado.

Feria de abril de Barcelona / CG

El grifo sigue abierto

Los mismos interlocutores apuntan también al actual presidente de Fecac, Daniel Salinero, que formaba parte del círculo de confianza de García Prieto, aunque no está procesado. La Casa de Andalucía, que ha abandonado este año la federación, ha acusado al organizador de la Feria de Abril de "falta de transparencia en la gestión" y de propinarles un "trato humillante" .

También ha generado malestar que la entidad siga recibiendo cientos de miles de euros en subvenciones públicas de Administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona. La instrucción de la causa, en la que está personada Fecac como una de las acusaciones, aprecia un "plan con ánimo de lucro" de García Prieto, que junto a sus secuaces habría llevado a cabo actividades de "falseamiento" en las facturas para engañar a los consistorios de Barcelona, Santa Coloma, la Diputación de Barcelona, la Obra Social La Caixa, la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña.