Una mafia okupa un bloque de Poblenou y vende los pisos por 4.000 euros

Los vecinos de la calle Amistat del barrio del Poblenou de Barcelona han llegado a su límite después de la okupación de la práctica totalidad de un bloque de viviendas de la vía colindante, Guillem de Llúria, por parte de una mafia okupa que se dedica a vender las llaves por 4.000 euros, según explican.

Hace tres años que un matrimonio con cinco niños se instaló en uno de los bajos del número 32 de la calle Amistat. A pesar de que la familia entró en el piso de forma ilícita, aseguran los vecinos, este hecho no ha sido lo que les ha hecho estallar. “No somos antiokupas, a veces las circunstancias empujan a la gente a okupar, pero lo que pedimos es un mínimo de convivencia”, aclaran.

Llegada de nuevos okupas

Esta convivencia se ha hecho imposible después de que la familia, “que hace la vida en la calle”, protagonizara varios altercados y atrajera a otros allanadores. Los vecinos denuncian suciedad en la vía pública, malos olores, ruido e incivismo. “Ponen música a todo volumen, gritan… es insoportable”, expresan. 

Suciedad en las inmediaciones de las viviendas okupadas / CEDIDA

La situación ha empeorado sustancialmente a partir de este verano, cuando los okupas se han hecho con el control de la práctica totalidad de un bloque muy cercano, en la calle Guillem de Llúria. “Se han dedicado a vender las llaves de una decena de viviendas”, expresan. “Si ya una familia molestaba, ahora todo está hecho un desastre”.

Robo de tarjetas de crédito

El último episodio se remonta a la semana pasada, cuando una de las vecinas del número 32 comenzó a hacer obras de remodelación en su casa, hecho que hizo aflorar un problema de humedades. Mientras los obreros se encargaban de la reparación, expresan los vecinos, la propietaria aprovechó para irse unos días a su país de origen.

Cuando faltaban dos días para el regreso de la mujer a Barcelona, los okupas se hicieron con la propiedad. “Cuando vimos que habían okupado la casa llamamos a los Mossos d'Esquadra, pero como la dueña no estaba se presentó el arquitecto y finalmente consiguió que los agentes accedieran al interior. Una vez dentro, descubrieron que el allanador había huido por la parte de atrás y se había llevado cuatro tarjetas de crédito”.

El propietario: un gran tenedor

Tras el regreso de la dueña, los allanadores le devolvieron las tarjetas de crédito alegando “que se las habían encontrado”, pero comenzaron a extorsionarla. Según vecinos, han llegado a lanzarle cosas a la terraza y la molestan con la intención de que acceda a las intimidaciones. “Le han pedido 1.000 euros a cambio de no volver a entrar en el piso”, relatan. Los afectados denuncian que los okupas se divierten asustando a los vecinos, que viven atemorizados, y que los niños han dejado de ir a un parque de la zona por miedo a encontrárselos.

Aseguran que la situación es insostenible. Denuncian haber sido testigos de enfrentamientos entre varias de las familias “que han llegado a pelearse con palos en plena calle siempre por temas de dinero". En total, en el bloque de la calle aledaña han okupado ya "entre 10 y 12 pisos". Los vecinos relatan que han intentado contactar con el propietario de la finca, un gran tenedor, que por el momento no parece haber tomado ninguna decisión para echar a los allanadores de su propiedad, en la que solo quedan dos inquilinos de renta antigua. 

Ley 'antiokupas'

Este es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los vecinos que conviven con okupas conflictivos. Junts propuso una modificación legislativa para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios, sino que permitirá a los consistorios y a las comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Era una iniciativa que llevaba al límite a sus entonces socios de legislatura, ERC, que siempre ha sido más reacia a dictar normas en este sentido. 

Gemma Ubasart, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña / EP

Sin embargo, la salida de este partido del Govern deja, por ahora, la iniciativa en papel mojado. Especialmente desde que la consejería de Justicia está encabezada por Gemma Ubasart, que proviene del ámbito de En Comú Podem, y que esta formación ha fijado como línea roja factiliar los desalojos como medida para negociar los Prespuestos de la Generalitat de 2023.