Las deudas de un promotor fallecido dejan a 15 familias en la calle en Mataró

Quince de las 21 familias que residen en el número 23 de la calle Sant Jordi de Mataró podrían quedarse en la calle el próximo 3 de noviembre. El motivo, explica uno de los vecinos, es que, tras la muerte del propietario del bloque en febrero de 2016, su hijo rechazó la herencia para evitar hacer frente a las deudas que la empresa familiar arrastraba. 

Este pasivo al que hace referencia está incluído en los 50.000 millones de euros de préstamos impagados por parte de promotores y empresas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria --más conocida por su acrónimo, Sareb-- compró a entidades bancarias y que detrás llevaban asociadas unas garantías, edificios y suelos, de forma principal. Uno de estos avales es precisamente el inmueble mataronense cercano al colegio de los Salesianos.

“Nuestra voluntad es pagar”

Los vecinos se encuentran en un ínterin judicial mientras se efectúa el traspaso de la propiedad del actual dueño a la Sareb. De hecho, arremeten con el llamado banco malo de España ya que lo consideran el culpable de su situación, aunque la maraña burocrática en la que están inmersos es más compleja. 

Desde Sareb aclaran que no pueden tomar ninguna decisión respecto a estos inquilinos porque todavía no son los dueños del inmueble. “El edificio estaba en manos de una empresa que debía dinero a Sareb, propietaria únicamente del préstamo asociado a este activo inmobiliario, por lo que nosotros no hemos instado a un desahucio ni a un desalojo, sino a una ejecución hipotecaria”, detallan. Siguen de esta forma el procedimiento habitual con el que sí acaban tomando el control del activo. Pero, en este caso en concreto, aún no se ha llegado a la fase del proceso. 

Los vecinos aseguran que este interín les ha dejado en el aire. Explican que tras la muerte del promotor y la disolución de la sociedad desde la que operaba nadie les ha facilitado ni siquiera un número de cuenta para ingresar los alquileres. "Decidimos abrir una cuenta común en la que abonamos las cuotas mensuales, porque la voluntad es seguir pagando para quedarnos”, aseguran los afectados. 

Sareb aún no es la propietaria

Desde Sareb recuerdan que el memorándum de la sociedad estatal, creada en 2012, estableció que el banco malo gestionaría y vendería activos problemáticos que lastraban la actividad de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas durante la doble recesión que se dió tras el fin de la burbuja inmobiliaria en el país. “El objetivo es coger estos activos y venderlos en un plazo de 15 años para conseguir ingresos y hacer frente al pago de la deuda que emitió”, expresan.

Cuando la empresa o promotor que tiene un préstamo impagado no paga en un plazo prudencial, la Sareb inicia la ejecución hipotecaria y se abre un proceso judicial. Es el magistrado quien, tras citar a una vista a los ocupantes del edificio, decide si estos pueden quedarse basándose en si tienen o no contratos de alquiler en regla. “Sareb debe recuperar la propiedad, pero no es quien insta el desahucio. Los problemas son anteriores. Nos encontramos con situaciones lamentables, pero previas a nuestra intervención”, señalan desde el organismo público estatal.

Estudian seis alquileres sociales

De este modo, el “responsable” de la situación actual de los vecinos es la empresa Building Flats SL, señalan las fuentes consultadas. Esta sociedad que está cerrada de forma provisional desde octubre de 2019, según el Registro Mercantil, fue la que firmó en su día los contratos de alquiler los vecinos.

El caso del bloque de la calle Sant Jordi ha acabado en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mataró. Han sido ellos los que han estudiado junto a Sareb los perfiles de los arrendatarios de los inmuebles para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y brindarles una opción de alquiler social. Es la situación en la que se encuentran seis vecinos. 

En el resto de los casos, se seguirá el procedimiento habitual: vender los pisos a minoristas. “Nunca a fondos de inversión ni a fondos buitres, siempre a particulares”, indican desde el banco malo. Los mismos interlocutores remarcan que, incluso cuando un juez ha instado a un desahucio por irregularidades en el contrato de alquiler que existe en una finca que acabará en su cartera, se ofrece la posibilidad de un alquiler social si los inquilinos tienen el perfil de familia vulnerable. “Ya se han cedido más de 900 viviendas a la Generalitat y más de 500 a ayuntamientos catalanes”, añaden. 

“Se liará gorda”

El embrollo legal, que no ha llegado a su fin, ha dejado en la cuerda floja a la mayor parte de los residentes del bloque. Las 15 familias que no cumplen los requisitos para pagar un alquiler social han recibido un auto en el que se anuncia el lanzamiento de las viviendas donde residen para el próximo 3 de noviembre. “Hemos enviado un escrito al juez solicitando que detengan el desahucio”, reconoce. Por ahora, sin éxito.

Denuncian que el mes que les han dejado les da poco margen para encontrar una casa alternativa a la que mudarse e insisten en que no se lo pondrán fácil a los responsables de la ejecución del desahucio. “Lucharemos con la plataforma antidesahucio de Mataró y ese día se liará gorda”, anuncian.

Por su parte, fuentes de la oposición municipal denuncian que en la misma calle hay, al menos, tres locales okupados y advierten de que el lanzamiento atraerá a las mafias okupas que ya rondan el bloque.

Entrega a la Sareb

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Mataró confirman que, si bien están en contra de las okupaciones delincuenciales, en casos como el mencionado intentan gestionar alternativas habitacionales mediante la Concejalía de Vivienda y los Servicios Sociales municipales. “Siempre hemos pretendido que los fondos cedan la vivienda para alquiler social”, aseguran.

Por el momento, el juez ha acordado que aquellos que “no tienen derecho a permanecer en el inmueble indicado” deben salir de él para dar posesión de los pisos a la Sareb. Es el último paso burocrático para que se convierta en la legítima propietaria del inmueble.