Rosell se juega dos años de cárcel por cargar gastos personales a una sociedad fantasma

Sandro Rosell se ha sentado este lunes de nuevo en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, ya que el fisco le considera culpable de defraudar 230.291 euros en la declaración de la renta de 2012. El juicio se ha celebrado en el Juzgado Penal número 3 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde los exempleados del expresidente del Barça le han señalado por contratarles a través de lo que han denominado como "sociedad fantasma". La empresa propiedad de Rosell en la que habría cargado gastos personales, como el mantenimiento del personal que atendía las necesidades domésticas de su familia. 

La Fiscalía insiste en que el empresario se sirvió de una mercantil de la que él era el único titular, TOC SLU, para deducir indebidamente gastos derivados de sus actividades profesionales. Según las pesquisas realizadas, esta sociedad carecía de estructura empresarial. “Por consejo de mis abogados no voy a responder a las preguntas, pero me ratifico en lo que declaré hace cuatro años”, ha pronunciado Rosell, que ha dejado en manos de estos su defensa. 

Utilizaba la mercantil para deducir gastos

El Ministerio Público mantiene que el que por aquel entonces era presidente del club blaugrana utilizó una empresa para ocultar rentas en la declaración de su liquidación del IRPF. Ha recordad que su actividad profesional era la de ejercer de asesor y mediador y que la mercantil mencionada tenía como objeto social la organización de eventos, algo alejado de las tareas que realizaba el personal que había contratado y de otros negocios que cerró (y facturó) a través de la sociedad. 

Uno de los testigos, gerente de una empresa dedicada a organizar eventos deportivos, ha declarado que entre enero y abril de 2012 contactó con TOC SLU para que le ayudara con la organización de ponencias y actividades de team building. Aunque el servicio lo prestó Rosell, ha expresado, quien emitió las tres facturas fue la sociedad. “Contratábamos a TOC para hacer eventos de team building en una masía de l’Empordà y a Rosell para que nos asesorara”. El fiscal ha insistido en que lo que se contrataba por parte de estas empresas era el asesoramiento de Sandro Rosell y no el alquiler de los espacios. “Eran ambas cosas”, ha indicado el testigo. 

Actuaba como mediador

Otro de los testigos, administrador de una empresa de inversiones inmobiliarias, ha negado que la operación se formalizara mediante un contrato escrito. “TOC nos hizo llegar una posible inversión. Nos pareció una operación interesante y la asumimos: la adquisición de un Mercadona en la Manga del Mar Menor. La operación me la propuso Sandro Rosell”, ha expresado el testigo. “¿Quién era el trabajador de TOC con el que tenía contacto?”, ha preguntado la abogada del Estado. “Con varios”, ha respondido, “pero la operación me la hizo llegar el señor Sandro Rosell”. 

El dueño de otra empresa ha reconocido que alquiló una oficina a TOC por un precio pactado pero que la prestación de servicios que recibían era muy superior. “Hicimos una regularización de facturación al terminar los cuatro años por el uso de salas, fotocopias y teléfono, etc”. “En 2012 usted pagó 13.000 euros en concepto de alquiler pero en la regularización pagó 35.000 euros… ¿En concepto de qué?”, le ha espetado el fiscal.  El testigo ha asegurado que lo hizo por el uso de espacios y que llegó a pagar 15.000 euros a TOC por reunirse con unos posibles clientes en una masía en l’Espordà, propiedad de Rosell. “¿Le parece que una invitación tiene ese valor?”, ha preguntado el Ministerio Público. “En aquel momento le dimos ese valor. No iba a la masía a comer paellas. Iba a conocer clientes”, ha declarado, tras afirmar que Rosell le prestaba servicios de asesoramiento. 

Objeto social "muy amplio”

El administrador de otra empresa, que inició relaciones comerciales en 2010 con TOC, ha relatado que las negociaciones las hizo con la mano derecha del expresidente y con Rosell “porque estuvo mucho tiempo viviendo en Brasil y tenía contactos con federaciones deportivas”. “Contraté a la empresa y no a Rosell porque él me pidió que lo hiciera con TOC, de la que desconocía el objeto social”. 

El expresidente del Barça, Sandro Rosell / EUROPA PRESS

El que prestaba servicios externos para esta compañía ha declarado que “el objeto social de TOC era bastante amplio: organización de eventos, márketing, servicios a las empresas, actividad inmobiliaria...”. “Recibíamos muchas propuestas de inversión inmobiliaria”, ha manifestado. Si bien cabe destacar que ni el acusado ni la sociedad tributaron por la prestación de servicios durante aquel año. “Se prestaban servicios de intermediación”, ha aclarado, aunque ha incidido en que Rosell estaba dedicado al club blaugrana y que no se pasaba por las oficinas, por lo que había delegado en él las operaciones de la empresa. Sobre la masía, el externo ha expresado que “se dotó de instalaciones dirigidas al tema deportivo”, que no solo usaba la familia Rosell sino que era “de uso empresarial”. 

Cargó hasta el cloro de la piscina

A diferencia de lo declarado por el que prestó servicios externos para esta empresa, los técnicos han aclarado que “los servicios profesionales los prestaba el señor Rosell, como así lo manifestaron los clientes". No obstante, dentro del objeto social de la empresa no aparecía este servicio ni tampoco contaba con empleados que lo hicieran. "TOC no tenía empleados que pudieran desarrollar esas funciones, solo el Sr: Rosell", ha sentenciado José Ignacio Mora, uno de los peritos.

"Se dedujeron una gran cantidad de gastos personales que no eran deducibles --viajes, hoteles, comida, gimnasio, una televisión, el cloro de la piscina de su masía--por lo que se llegó a conclusión de que el objetivo de TOC era la deducción fiscal y de que su actividad era simulada", ha concluído. 

No tenía estructura empresarial

TOC SLU estaba domiciliada en la vivienda de Rosell en Barcelona y “carecía de estructura empresarial” para prestar los servicios que constituían su objeto social, según la fiscalía. Una de las personas dedicada a tareas administrativas en la empresa ha precisado ante el juez que la plantilla la componían ella misma --que ejercía tareas administrativas y contables-- la empleada de la limpieza, dos guardeses de la masía y otro trabajador de mantenimiento. Es decir, personal de asistencia de la familia Rosell. 

Además de los pagos efectuados con su Visa, no justificados y que carecen de relación con la actividad económica de la mercantil, el Ministerio Público mantiene que el empresario declaró una pérdida patrimonial de 21.016 euros derivada de la supuesta venta de un inmueble en 2012. En realidad, la operación fue una compra que tuvo lugar en 2009, “no tratándose de una verdadera adquisición sino de una opción de compra sobre los mismos”. 

Ha devuelto lo defraudado

Rosell tampoco incluyó en su declaración la imputación de renta inmobiliarias correspondientes a un inmueble que tenía en propiedad en Girona. Por todo esto, la fiscalía solicitaba para él una pena de dos años y nueve meses de prisión y una multa de 300.000 euros. 

Aplica al expresidente del Barça, que se plantea presentarse a las próximas elecciones de Barcelona, la atenuante de reparación del daño. En junio de 2019 devolvió a Hacienda un total de 287.911 euros, la cuota defraudada más los intereses devengados a lo largo de todos los años.

Próximo juicio: ‘caso Neymar’

El empresario espera ahora la sentencia de este caso. No es el único al que tiene que hacer frente tras el verano, ya que en octubre volverá al banquillo de los acusados por la gestión del fichaje de Neymar. La fiscalía le pide cinco años de prisión por corrupción entre particulares y estafa al asegurar que la contratación del futbolista brasileño por el Barça en 2013 fue irregular y que movió dinero negro. 

Neymar y su padre a la entrada de los juzgados / EP

También instará una tercera causa para reclamar daños por los más de dos años que estuvo en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Fue acusado de blanquear comisiones de hasta 20 millones de euros recibidas por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y de un contrato con Nike, pero fue absuelto en 2019 al no poderse sustantar ninguno de los presuntos delitos. 

Por ello, ha interpuesto una querella contra el excomisario José Manuel Villarejo. Le acusa de urdir un montaje policial en el marco de la llamada operación Cataluña para responsabilizarlo de una actuación irregular que no cometió, según ha quedad probado en los tribunales, y que le privó de libertad durante meses en la cárcel de Soto del Real.