Cabezas justifica la discriminación de Policía y Guardia Civil en la vacunación por falta de censo

Los responsables de Salud justifican la demora de la vacunación anti-Covid de policías y guardias civiles en Cataluña en la falta de un censo de agentes y en la paralización de la inoculación de las dosis de AstraZeneca por sus efectos secundarios. Así se han defendido este viernes en sede judicial los cuatro investigados del departamento por la discriminación de los efectivos de los dos cuerpos y fuerzas de seguridad.

Se trata de la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas; del exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) Adrià Comella; la exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut Sara Manjón; y el exdirector de Servicios Xavier Rodríguez Guasch, quienes han declarado ante el juez a raíz de las querellas presentadas por los sindicatos de policías y guardias civiles Jucil, Jupol, SPP y AEGC. Los cuatro están asistidos por la letrada Olga Tubau, la defensora del mayor Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional.

Diferencia de inoculación

Esas querellas acusan a los investigados de los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por el retraso en la vacunación contra el coronavirus de guardias civiles y policías nacionales (9,9% de inoculados) mientras, en paralelo, la gran mayoría de los mossos d'esquadra (79%) recibieron la inoculación en tiempo y forma. Eso fue así hasta que, en abri del 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un plazo de 10 días al Govern para que inmunizara al colectivo en la misma proporción que al de agentes autonómicos.

Este viernes, los investigados se han negado a contestar a las acusaciones ejercidas por los sindicatos policiales, y han justificado esa demora en que recibieron el censo de agentes a vacunar con un retraso de entre dos y tres semanas, por correo electrónico a través de un inspector jefe de la Policía Nacional y un teniente coronel de la Guardia Civil. La fiscalía no ha estado presente.

Nadie sabe quién era el responsable

Asimismo, han alegado que, cuando se inició la vacunación de los agentes de la PN y la Guardia Civil, el Ministerio de Sanidad ordenó la suspensión de la administración de las dosis de AstraZeneca (que era la que se destinaba a los trabajadores esenciales) a los menores de 60 años por los posibles efectos secundarios (trombosis), lo que impidió que se completara la inmunización de estos cuerpos.

En este sentido, ninguno de los investigados ha aclarado quién era el responsable de decidir el ritmo de vacunación en el Departamento de Salud, y han negado cualquier tipo de discriminación. De hecho, según Cabezas, "todos los trabajadores son iguales". Eso sí, ha añadido que en aquellos meses cada caja de suero suponía "un bien preciado" que había que administrar con precisión.

Vergés y Argimon, al margen

En la misma línea se ha manifestado Comella, mientras que Rodríguez ha alardeado de su "magnífica" relación con los cuerpos de seguridad estatales, lo que, ha recalcado, motivó que en septiembre de 2021 la Policía Nacional le otorgara una placa en reconocimiento a su papel en el proceso de vacunación.

A raíz de las querellas de los sindicatos policiales, el TSJC descartó investigar por el momento a la exconsellera de Salud Alba Vergés --aforada como miembro de la Mesa del Parlament-- y a su sucesor Josep Maria Argimon, que era secretario de Salud Pública cuando se inició la vacunación contra el coronavirus.

Sentencia del TSJC

Cabe recordar, en este sentido, que el TSJC sentenció en diciembre que el plan de vacunación la Generalitat "no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos".

En declaraciones a los medios, los portavoces de los sindicatos Jucil y Jupol, Milagros Cívico y Pablo Pérez, respectivamente, han criticado que la fiscalía no haya asistido a las declaraciones de hoy, lo que a su parecer demuestra el "abandono institucional" que sufren los guardias civiles y policías nacionales en Cataluña. En ese sentido, Cívico ha insistido en que se reconozca Cataluña como "zona de especial singularidad" ante el "ambiente de crispación y odio" que a su parecer sufren los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en esta comunidad.