La última agresión registrada en el centro penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), en la que un interno arrancó parte del cuello de un mordisco a un funcionario, ha puesto sobre la mesa un problema que los trabajadores llevan meses denunciando: la inactividad del módulo de psiquiatría ha disparado la agresividad en una prisión que tiene un porcentaje muy elevado de internos con problemas mentales.

Óscar, delegado de UGT en Puig de les Basses, asegura que el mayor problema de la prisión en la actualidad son las agresiones a funcionarios por parte de internos que sufren patologías psiquiátricas. Los motivos son varios. Por un lado, denuncia, el departamento de psiquiatría nunca ha estado operativo desde la inauguración del centro “por falta de presupuesto y de voluntad”. La puesta en funcionamiento de este módulo, pensado para que los internos con patologías mentales reciban una atención específica y un trato individualizado por parte de un equipo de psicólogos y psiquiatras, vaciaría los módulos ordinarios y el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT, por sus siglas en catalán), de estos reos, que generan graves problemas de convivencia.

Centro Penitenciario de Puig de les Basses / JUSTICIA

Tráfico de medicación

Mientras psiquiatría continúa cerrada “a cal y canto” y las habitaciones de este módulo --que sirvieron para aislar a los infectados durante la pandemia-- siguen acumulando polvo, los internos con patologías mentales conviven mezclados con el resto de la población reclusa en los módulos ordinarios o, si han protagonizado algún episodio violento, en el DERT. La única asistencia que reciben se reduce a la atención de un psiquiatra, que como en los demás centros de Cataluña pasa revisión en una salita de la planta baja de la prisión. Pero estas consultas no permiten efectuar el “seguimiento exhaustivo” que sí posibilitaría la puesta en marcha del departamento.

A esto se suma que los internos reciben la medicación en pastillas, y no de forma disuelta como solicitan los funcionarios. Este hecho propicia el tráfico de psicotrópicos entre los reclusos. “Se las guardan para trapichear con ellas, para cambiarlas por tabaco”, relata Óscar. Esto tiene dos efectos nocivos. Por un lado, aquellos que deberían tomarse la medicación se descompensan. Por otro, los que consumen los fármacos sin necesidad sufren brotes psicóticos y sobredosis. “Llevamos mucho tiempo denunciando esto y pidiendo que se administre la medicación disuelta, para que se la tomen de manera voluntaria porque no puedan traficar con ella”, expresa el delegado sindical.

La conselleria se desentiende

Desde la Conselleria de Justícia mantienen que la forma de administración de la medicación “está en manos de los servicios sanitarios, que son los que tienen el conocimiento y la formación necesaria” para decidir sobre esta casuística. “No entra dentro de nuestro ámbito de actuación”, responden tajantes. La conselleria elude la responsabilidad sobre este problema aludiendo a que es una cuestión que deben decidir los “expertos”, aunque los funcionarios denuncian que tiene una incidencia directa sobre la seguridad en las prisiones.

Además, desde la conselleria aseguran que el departamento de psiquiatría de Puig de les Basses “está operativo”, un extremo que niegan categóricamente las fuentes consultadas. “La atención a la salud está garantizada. Hay un equipo especializado en salud mental, como en todos los centros, que pasa consulta en este módulo”, expresan “y a los casos agudos se les deriva a Brians 1, el centro de referencia en Cataluña”. Sostienen que el módulo de psiquiatría “está construido y ahí es donde los especialistas atienden a los internos”, información que desde UGT niegan.

Prisión de Puig de les Basses / GOOGLE STREET VIEW

Cinco agresiones graves

En las últimas dos semanas, en Puig de les Basses se han registrado cinco agresiones graves a funcionarios, todas ellas protagonizadas por internos con antecedentes psiquiátricos, según el delegado de UGT en el centro penitenciario: dos en el DERT, dos en el departamento de mujeres y, la última, la del mordisco, en el módulo 6.

En el caso de la última agresión, en la que un interno mordió cerca de la arteria carótida a un funcionario --que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente-- el preso había estado ingresado en numerosas ocasiones en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) de Brians 1, desde que comenzó a cumplir condena en 2017. No obstante, en la actualidad convivía con el resto de la población reclusa.

Cuatro funcionarios, de baja

El escenario es similar en el resto de los casos. Uno de los internos ingresados en el DERT “se parapetó en su celda, llenó el suelo de jabón y se rebozó en sus propias heces”, relata Óscar. Así esperó a que los funcionarios entraran para abalanzarse encima de ellos. Otro de sus compañeros, también del DERT, durante una salida al patio “sin mediar palabra”, se abalanzó sobre un funcionario y comenzó a pegarle patadas y puñetazos. El preso le rompió las gafas y le causó cortes en la cara, además de hematomas y contusiones por todo el cuerpo. “Sacamos al compañero como pudimos de debajo del interno. Fue una agresión brutal”.

En el caso del departamento de mujeres, una de las internas, en pleno brote psicótico, agredió a las funcionarias “haciéndoles bastante daño”. Como consecuencia de todas estas agresiones, cuatro funcionarios continúan de baja, pero no han sido sustituidos. Óscar explica que actualmente en la prisión hay 60 funcionarios trabajando, cuando el mínimo son 66 para un centro que oscila entre los 600 y 700 internos. “Las agresiones agravan la falta de personal”.

Caos en la organización

La casuística de Puig de las Basses es especialmente compleja porque el centro abarca todas las tipologías, explica el delegado sindical. “Tenemos hombres adultos, jóvenes, mujeres, penados, preventivos, y el departamento de psiquiatría, que está por abrir”. El problema, denuncia, es que, ahora, al departamento de psiquiatría se suma también el módulo de jóvenes, que en la actualidad no está operativo. Para más inri, la dirección ha aprobado una nueva organización de la prisión y ha mezclado a la población reclusa. “Si antes teníamos módulos de toxicomanías, permisos, condenas largas y condenas cortas, ahora los han mezclado a todos. Tenemos a los permisos en todos los módulos, los jóvenes, en vez de estar separados en su propio módulo, que está cerrado, están mezclados. Los penados conviven con los preventivos…”, expresa. Una situación que ha disparado la conflictividad en el centro.  

Con este panorama, desde UGT insisten en que los funcionarios sufren una desprotección jurídica, al no ser reconocidos como agentes de la autoridad. Se quejan de la falta de personal y medios de los que disponen para desempeñar su trabajo y denuncian que desde la publicación de la última circular, la situación no ha hecho más que empeorar. Reclaman un incremento de la plantilla, que se les reconozca como agentes de la autoridad y que la Conselleria de Justícia se persone como acusación particular en los casos de agresiones. Además, insisten en que se les proteja con la aplicación del régimen disciplinario. Ahora, dicen, las agresiones de funcionarios a los presos "les salen gratis".