Seis agentes de la Guardia Civil declaran como testigos en la Audiencia Nacional en la causa que procesó por delitos de terrorismo a varios miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Tres años después del inicio de las pesquisas y casi uno desde que el magistrado Manuel García Castellón propusiera juzgar a más de una decena de investigados, llega la hora de escuchar a los cuerpos de seguridad que realizaron los atestados.
El juez rechazó citar a declarar a los agentes en un primer momento, pero la Sala de lo Penal le obligó a atender la petición realizada por una de las defensas. Así, García Castellón les tomará declaración en contra de su criterio y el de la Fiscalía.
Discrepancias entre la Sala y García Castellón
Los seis agentes participaron en los atestados que señalan la presunta participación de los procesados en planificar acciones violentas como respuesta a la sentencia del procés en 2019. Su actuación en la llamada operación Judas ya está plasmada en los atestados, pero la Sala reconoció el derecho de los procesados a “obtener información útil para su defensa” en los interrogatorios.
Esta discrepancia entre la Sala y el juez no es única en esta causa. A inicio de año también instó a García Castellón a facilitar a los procesados los archivos originales de las escuchas telefónicas que se realizaron en la investigación.
Acusación de terrorismo
El proceso judicial se ha abierto contra 13 presuntos miembros de una facción radicalizada de los CDR que se hacían llamar Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Habrían planificado una serie de sabotajes y acciones violentas a edificios públicos de Cataluña que se debían llevar a cabo una vez conocida la sentencia que condenó por sedición a varios miembros del gobierno de Carles Puigdemont en 2019 por la organización del referéndum y la declaración simbólica de independencia.
El magistrado les quiere juzgar por un delito de pertenencia a organización terrorista en septiembre de 2021. También les acusa el de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista para nueve de ellos. Archivó la causa contra uno de ellos en marzo por problemas de salud.