Miles de pisos vacíos y la laxitud de ley, claves para que Cataluña sea líder en ocupación

Cataluña concentra el mayor número de denuncias por los delitos de usurpación y allanamiento de morada en España: cuadruplica a las de la Comunidad de Madrid (con 1.282 casos) y casi triplica a Andalucía (con 1.994), según datos del Ministerio de Interior.

Uno de los factores que propician la ocupación en la comunidad catalana es el gran número de viviendas deshabitadas. Aunque las aproximaciones respecto al número de inmuebles vacíos en Cataluña son diversas, sí existe cierto consenso entre las instituciones en que se trata de decenas de miles.

Baile de cifras

En declaraciones a La Vanguardia, el secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, Carles Sala, asegura que el registro creado en el año 2015 para inscribir las viviendas vacías constaba de un total de 34.856 inmuebles, aunque recuerda que la situación es “muy cambiante”.

En 2011, el INE cifraba el número de casas deshabitadas en 448.000; en 2019, el Ministerio de Fomento hablaba de 75.685, y en 2020, el Departamento de Territori computaba 27.558 inmuebles en manos de grandes tenedores.

Ley 1/2022 sobre el derecho a la vivienda

Otro factor clave sería la regulación catalana sobre el derecho a la vivienda. La ley 1/2022 “reconoce el derecho de los ocupantes de inmuebles de grandes propietarios a recibir una oferta de alquiler social que les permita quedarse en el inmueble si reúnen una serie de condiciones”, señala el diario.

Una ley que no gusta en el sector inmobiliario. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell, critica la norma por reconocer la ocupación “como un modo de acceso al derecho residencia". "No hay nada equivalente en otras comunidades”, asegura.

Alquileres sociales

Por otro lado, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Santi Mas de Xaxàs, asegura al medio que la ley “obliga a bancos y fondos buitre a ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables”.

Así, las entidades sociales "exigen que las viviendas vacías de bancos, fondos y Sareb pasen a ser de alquiler social", apunta el diario, en un momento en el que el gran número de viviendas desocupadas, la subida del precio de los alquileres, el déficit de vivienda pública y el incremento de ciudadanos que sufren exclusión social en la comunidad autónoma, provoca un aumento en el número de personas sin hogar.

Una problemática que, de acuerdo con promotores y gestores inmobiliarios, no justifica la ocupación.