Jordi Puig se desdice ante el juez y niega que se quedara con el dinero de su exsocio

Este miércoles se celebró el juicio contra Jordi Puig por un presunto delito de estafa acaecido hace casi una década. El hermano del exconseller de la Generalitat Felip Puig se sentó en el banquillo de los acusados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que citó al empresario después de que el juicio --previsto inicialmente para el 13 de enero-- se suspendiera.

Durante la jornada Puig ha incurrido en varias contradicciones y se ha desdicho de lo declarado durante la instrucción del caso, cuando reconoció la deuda de 250.000 euros contraída con el demandante, que con intereses asciende hasta los 375.000 euros. Ahora, el empresario asegura que nunca recibió el dinero y que tampoco realizó los pagos parciales. El único motivo del reconocimiento de la deuda fue, según esta última versión, porque estaba ayudando al demandante a blanquear dinero.

No hay evidencia de blanqueo

Sin embargo, este extremo ya fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 6, que hizo indagaciones sobre un posible caso de blanqueo de capitales por parte del demandante. En este sentido, la investigación concluyó que nunca existió tal delito, según explica el letrado de la víctima Ricardo Gómez de Olarte.

El caso se remonta a diciembre de 2013 cuando Puig, en representación de la mercantil Working Succesfully S.L., una empresa pantalla, recibió 250.000 euros del ahora demandante. El motivo del pago de esta elevada cifra fue una compra, a la que se comprometió Puig con sus socios, de un local comercial en Vilanova i la Geltrú por un precio de 680.000 euros. Sin embargo, la víctima de esta presunta estafa no volvió a tener noticias ni de su dinero ni de la propiedad.

Se enfrenta a cuatro años de prisión

Pese a que inicialmente reconoció haber recibido la mencionada suma, Puig nunca compró el local ni tampoco devolvió el dinero a su socio, aunque se comprometió a ello frente a un notario de Barcelona en 2014. De hecho, durante la instrucción del caso llegó a firmar un documento de reconocimiento de deuda, que este miércoles ha negado. Durante la vista, el empresario tampoco ha aportado ningún documento que justifique los posibles gastos necesarios para la adquisición del inmueble objeto de la inversión.

Ahora, el acusado ha cambiado su versión radicalmente y asegura que nunca tuvo en su poder dicha suma de dinero. Por estos hechos la acusación solicita para él cuatro años de prisión por un delito de estafa y, subsidiariamente, por apropiación indebida. La fiscalía solicita la misma pena aunque solo le atribuye el delito de apropiación indebida, mientras que la defensa solicita su libre absolución.