Solicitan cuatro años de prisión para Jordi Puig, hermano del 'exconseller' Felip Puig, por estafa

Jordi Puig, hermano del exconseller de la Generalitat Felip Puig, se sentará este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. Lo hará como acusado de un presunto delito de estafa acaecido hace casi una década.

Los hechos se remontan a diciembre de 2013 cuando Puig, en representación de la mercantil Working Succesfully S.L., una empresa pantalla, recibió 250.000 euros de uno de sus socios para la comprar un local comercial ubicado en Vilanova i la Geltrú por el precio de 680.000 euros. Sin embargo, el exsocio –y demandante—nunca llegó a ver ni la propiedad ni el dinero.

Puig no compró la propiedad

Pese a recibir la suma acordada por parte de su entonces socio industrial –y de otros socios capitalistas– en garantía de la operación, el ahora acusado nunca realizó la compra del local ni tampoco devolvió el dinero abonado al demandante, pese a comprometerse a ello ante un notario de Barcelona.

No obstante, Puig llegó a reconocer que el afectado efectuó el desembolso de la referida cantidad durante sus declaraciones en el juzgado. También firmó un documento de reconocimiento de deuda, elevado a escritura pública, que le costó la derrota judicial de un pleito civil.

25 empresas pantalla

Las cosas se tuercen para el hermano del exconseller. La acusación particular alega que ni Working Succesfully S.L. ni la veintena de compañías restantes propiedad de Puig presentaron nunca sus cuentas anuales, por lo que se puede deducir que no tenían ningún tipo de actividad. A esto se suma que, aunque en un primer momento el juez abrió la posibilidad a que las partes llegaran a un acuerdo de conformidad, el exsocio se ha hartado de las largas de Puig y está decidido a llagar hasta el final de este asunto por la vía judicial.

La acusación particular mantiene que el objetivo de Jordi Puig no fue otra que engañar a su cliente, por lo que solicita cuatro años de prisión para él por un presunto delito de estafa. Por su parte, la Fiscalía sostiene que el acusado habría incurrido en un delito de apropiación indebida, al haberse quedado, bien con el dinero o bien con el local. Por último, la defensa alega desplazamiento patrimonial y la libre absolución del investigado.