El conflicto de las basuras se enquista en Vilanova i la Geltrú. En una rueda de prensa convocada de urgencia para la mañana de este jueves, Olga Arnau (ERC), alcaldesa de la capital del Garraf, y Marta Jofra (CUP), concejal de Espacio Público en el consistorio, han calificado la situación en que se encuentra la ciudad de “preocupante”, cuando se cumplen cuatro días desde que diera comienzo la huelga indefinida de los trabajadores de Valoriza, empresa que gestiona el servicio de recogida.
Para la primera edil, las reivindicaciones de los empleados son inviables y pide a sus representantes que rebajen en lo posible sus expectativas salariales por tal de llegar a un entendimiento con la actual adjudicataria del servicio. Un escenario poco probable después que el presidente del comité de empresa haya afirmado a Crónica Global que sus reivindicaciones son “innegociables”.
Demandas desmesuradas e incumplimiento por parte de los trabajadores
Arnau ha admitido que tanto el equipo de gobierno, como la dirección de la propia Valoriza, ven desmesurado el incremento de las tablas salariales exigido por los empleados y asegura que es imposible que la empresa pueda hacer frente a dichas demandas. En concreto, los trabajadores reclaman una mejora de las condiciones del convenio laboral que incluyan una actualización salarial del IPC en un 9.5% entre 2022 y 2023, desglosado en un 6.5% para el primer año, y en un 3% para el segundo. Con todo, la alcaldesa confía en que la resolución del Tribunal de Contratos, publicada este mediodía, en que se desestima el recurso presentado por Valoriza Servicios Medioambientales contra el anuncio y los pliegos, que han de regir el contrato del nuevo servicio de recogida puerta a puerta, ayude a salir del punto muerto en que se encuentra la situación.
Cuanto a los servicios mínimos establecidos por el departament de Treball, el equipo de gobierno denuncia el incumplimiento por parte de la plantilla de empleados de lo estipulado por la Generalitat. En concreto, señalan que la recogida en entornos escolares con servicio de comedor, centros sanitarios, asistenciales y mercados no se está llevando a cabo de acuerdo con lo decretado, ya que el servicio se está efectuando de la misma forma en que se realiza en el resto de la ciudad y no al 100% como se exige en el marco legal.
Garantizar servicios minimos
Por todo ello, avanzan la elaboración de un informe que será enviado en las próximas horas a Treball en el que se reflejan todas las incidencias e incumplimientos detectados. En este sentido, Marta Jofra ha anunciado que además de denunciar a la empresa, el gobierno baraja la posibilidad de contratar los servicios de una compañía externa si los trabajadores de Valoriza no cumplen con lo estipulado por tal de que se garanticen los mínimos fijados. De hecho, la concejal cupaire da un paso más al acusar a los propios empleados de boicotear estos servicios.
Si bien el tripartito local, que integran ERC, Junts y la CUP, mantiene la esperanza en que la huelga del servicio de limpieza viaria, prevista para este viernes, quede desconvocada después de que el comité de empresa homologo y Valoriza hayan alcanzado un acuerdo por la falta de actualización del IPC de 2020 y 2021. Un conflicto, en el que en está ocasión el ayuntamiento no tenía nada que ver, y en el que destacan haber ejercido de mediadores entre ambas partes.
Crisis en la CUP
Respecto a la crisis que se vive en el seno de la CUP en Vilanova i la Geltrú, Jofra lamenta la actitud drástica y contundente con que ha actuado su asamblea al tildarles de "tránsfugas" y al pedir la renuncia del acta consistorial de los tres ediles por haber dado apoyo al presupuesto municipal, una partida que ellos mismos presentaron junto a ERC y Junts. Asimismo, admite sentirse “sorprendida” por el silencio de la dirección nacional del partido, a pesar de haberles informado personalmente de lo ocurrido con las grandes cuentas del municipio.
Por su parte, y a través de una nota dirigida a los medios, la formación anticapalista en la capital del Garraf da a conocer que ha desacreditado a los tres electos y piden a la alcaldesa, como "medida democrática", que sean expulsados del gobierno al haber perdido la representación y la confianza de sus militantes. Avisan también que de no presentarse la renuncia de la terna de concejales en un plazo de siete días, emprenderán acciones legales y políticas en su contra.