El Tribunal de Contratos suspende el puerta a puerta de Vilanova y agrava la crisis de basuras

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha suspendido el procedimiento de contratación de los servicios de recogida y gestión de residuos municipales de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), licitado por el Ayuntamiento. El puerta a puerta del municipio fue aprobado por los votos a favor del tripartito independentista que gobierna en la localidad --ERC, JxCat y la CUP-- y en contra de la oposición.

Este sistema, que ahora queda paralizado en la capital del Garraf, ha sido criticado también en Barcelona. JxCat, en esta ocasión, exigió detener y revertir el puerta a puerta de recogida de basuras en la capital catalana, algo que potencia a pocos kilómetros al sur, en Vilanova.

Tribunal de Contratos

La licitación del contrato por el puerta a puerta de la capital del Garraf ha quedado suspendida, de forma provisional, por el Tribunal de Contratos. No es el único que analizará su pulcritud. El PSC lo llevó un día después de ser comunicado por el ayuntamiento, el 15 de septiembre, a la Sindicatura de Cuentas y a la Oficina Antifraude.

El órgano fiscalizador de la contratación pública catalana ha sido el primero en pronunciarse sobre la adjudicación y ha resuelto que, por el momento, es preferible suspender el procedimiento de contratación iniciado por el consistorio. Toma esta medida antes de analizar a fondo la licitación para evitar males mayores. Es decir, que se pudieran repetir menoscabos en el erario público como ocurrió a principios de la década con ATLL por ejecutar una concesión cuya pulcritud estaba bajo la lupa judicial. 

Doble coste anual

El nuevo modelo que el tripartito independentista intenta aplicar en Vilanova i la Geltrú duplica el presupuesto anual del sistema y sus mejoras son cuestionables, según los promotores de la denuncia. Se tata de un modelo de recogida de basuras puerta a puerta que supondría un coste cada año de siete millones de euros por ejercicio. El actual, que está vencido desde 2018, se eleva a tres millones y medio.

Todo ello comporta, según explicó en septiembre el Ayuntamiento, que en 2022 se haya subido el recibo de la tasa de residuos un 20%, algo que, tras la paralización por parte del Tribunal de Contratos, el PSC ha pedido que se elimine. El consistorio aseguró que la implementación del puerta a puerta crearía 56 nuevos puestos de trabajo. La regidora de espacio público, Marta Jofra (CUP), instó a la ciudadanía a adaptarse al modelo porque se “establecerán objetivos medioambientales que, si no se cumplen, tendrán penalización”. Por el momento, el modelo queda provisionalmente paralizado.

También se debe tener en cuenta una derivada política que no ha pasado precisamente desapercibida en la localidad. Y es que el partido de la alcaldesa, la republicana Olga Arnau, ha criticado el modelo de recogida selectiva por domicilios en Barcelona pero, al mismo tiempo, lo impulsa en el municipio. Los críticos recuerdan que por dimensión y población está probado que se va directo al fracaso y que existen numerosos ejemplos de ello. Como, de hecho, ocurre en los barrios de Sarrià y Sant Andreu de la capital catalana. Señalan que sí es una opción válida con localidades de menos habitantes, como Palau-solità i Plegamans donde sí se aplica, pero no con una población que roza los 68.000 ciudadanos censados y que durante el verano se multiplica.