La renovación de los conciertos educativos se perfila como el próximo gran conflicto para el consejero Josep González Cambray. A partir de marzo, el Govern debe decidir cuántas plazas de P3 y primero de ESO se conciertan en pleno decaimiento de una alternativa en horas bajas. Además, los actores de la comunidad educativa empiezan a adoptar posiciones muy enfrentadas sobre el porvenir de la educación concertada en Cataluña.
Lo cierto es que tanto la disminución de la natalidad, que también impacta sobre la red pública, como la crisis económica derivada del Covid han reconducido a parte de las familias hacia los centros públicos. Según datos de AFFAC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña), más de 16.000 plazas semipúblicas quedaron sin ocupar en 2021 --la cifra contempla todos los niveles de infantil, primaria y secundaria--.
Reducción de ratios
A partir del curso 2022-23, el planteamiento de Educación pasa por reducir las ratios en P3 y primero de ESO a 20 alumnos, en caso de que existan varias líneas, y a 14 en caso de que solo haya una línea. Todo dependerá, en última instancia, de las preinscripciones de las familias.
En este contexto, la federación de ampas públicas ha lanzado una ambiciosa campaña llamada Desconcerta-des para poner fin a los conciertos educativos. La iniciativa incluye un conjunto de vídeos informativos distribuidos en redes sociales e incluirá en pocas semanas la presentación de un estudio sobre el coste de las plazas públicas.
Malestar en CCOO y UGT
Un portavoz de la asociación indica que "se trata de la primera vez" que se emprende una campaña similar, aunque remarca que el ideario de AFFAC siempre ha sido el mismo. De hecho, pese a que hace unos años la entidad aceptaba ampas de colegios concertados --agrupadas en FAPEL y CCAPAC--, esta integración estaba sujeta a la firma de un compromiso con el espíritu anti-conciertos de AFFAC. La voluntad de la organización es clara: debe avanzarse hacia un aulario 100% público.
Esta campaña ha sentado mal en algunas centrales sindicales. Hay que tener en cuenta que AFFAC participa en el Consejo Escolar de Cataluña como uno de los actores implicados en el diálogo social de la comunidad educativa, y también comparte espacio en la MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa) junto a los sindicatos. "A menudo los profesores de la concertada sentimos una falta de reconocimiento por parte los compañeros de la pública", lamenta Emili Rivas, delegado de UGT.
Flecos laborales
"Hay margen para calcular mejor cuántos conciertos son necesarios, pero cerrar por cerrar escuelas concertadas no es solución. ¿Qué pasa con el profesorado? ¿Y con los alumnos? Quitar los conciertos por quitarlos se debe al desconocimiento", añade José Francisco Domínguez, representante de CCOO. Por su parte, otras organizaciones consultadas por este medio como USTEC sí respaldan la iniciativa de AFFAC.
Aun teniendo en cuenta la pérdida de estudiantes de la concertada, en CCOO y UGT preocupa que la transición hacia un modelo con mayor peso público se haga de forma precipitada. Quedan por cerrar flecos en materia laboral, advierten, como la garantía de subrogación del profesorado en la red pública como personal laboral y la financiación de las jubilaciones parciales, una opción recuperada en 2021 tras los recortes post-crisis. En este último asunto, las empresas no dan su brazo a torcer y reclaman al departamento de Educación que pague parte del sobrecoste de estas prejubilaciones; la cuestión sigue negociándose.
Los 'volcanes' de Cambray
Los docentes de la concertada, cerca de 30.000 profesionales, encajan esta situación pero ponen condiciones: "Este año la concertación será más conflictiva que en otras ocasiones porque se quiere dar prioridad a la matriculación pública abriendo más unidades. Estamos de acuerdo con bajar la ratio a 20, la natalidad nos lleva a ello. Pero eso no quita que deban cumplirse los incrementos proporcionales de financiación también en los módulos de la concertada", advierte Rivas.
También hay que estudiar mejor la reasignación de los niños sin caer en una "diáspora", como señala Domínguez que ha ocurrido en casos como la escuela Boix de Badalona, como informó Crónica Global. "Se necesita una visión más concreta a la hora de ver qué se concierta y qué no. Hay que ir barrio a barrio, de lo contrario enviamos a niños muy pequeños a centros muy lejos de casa", apostilla. Con estos mimbres, todo parece indicar que Cambray sumará otro volcán a su agenda tras los conflictos por el mandato judicial sobre el bilingüismo, la redacción de los currículos académicos y el avance de la vuelta al cole.