Los 30 'olvidados' de la escuela Boix de Badalona piden una solución

Han pasado dos meses desde que la escuela Boix de Badalona (Barcelona) anunció su cierre. Un cierre que ha dejado en la estacada a los 27 profesores de este centro concertado, que ahora reclaman una solución a la Consejería de Educación. Máxime cuando los 250 alumnos del centro han sido reubicados en otros colegios del barrio de Bufalà.

A principios de agosto, la retirada del concierto educativo para la franja de enseñanza infantil por parte de la Generalitat derivó en la clausura de la escuela. La empresa Bazataqui comunicó a su plantilla que finalizaba la explotación del equipamiento ante la delicada situación financiera provocada por la decisión del Departamento dirigido por Josep Cambray.

Medio millón en deudas

La consecuencia inmediata fue el despido de todos los docentes, muchos de ellos con una larga trayectoria en el centro, más los cuatro empleados del personal de administración y servicios. A esta circunstancia se ha sumado una estrategia de la mercantil para ahorrarse el pago de la indemnización por finalización de contrato al claustro. ¿Cómo? Declarándose en insolvencia y traspasando sus responsabilidades al Fogasa, el fondo público de garantía salarial.

"La escuela se presentó a concurso de acreedores. Debe a los trabajadores la indemnización y a diez maestros, el premio de fidelidad. Cuando hace unos años el Departamento dijo que las escuelas debían pagar este premio, dijeron que no tenían dinero y acordaron que lo harían poco a poco, pagando primero a los que tenían más antigüedad", explica un profesor entrevistado por Crónica Global. Esta deuda asciende, según cálculos de los docentes, aproximadamente a medio millón de euros.

Las cifras de alumnos y profesores aislados por el coronavirus descienden en las últimas horas / EP

Futuro incierto

Pero el punto que más inquieta a los profesionales es su futuro laboral. No pueden pasar a la red pública porque no son funcionarios ni están en la bolsa de interinos, ni han tenido fácil encontrar un puesto en el sector privado a un mes para la vuelta al cole. "Por parte de la Administración no hemos recibido ningún tipo de apoyo", se lamenta uno de los afectados.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería para recabar su versión de los hechos. Un portavoz del Departamento ha recordado que el Govern únicamente retiró el concierto en Infantil, ya que no cumplía con las ratios mínimas exigidas por ley, pero no anuló el concierto ni en Primaria ni en Secundaria. Por lo tanto, el cierre fue una iniciativa unilateral tomada por la privada.

La Consejería, ausente

Pese a estas explicaciones, los sindicatos reprochan a Educació su escasa implicación. "Más allá de la actitud de la empresa, que no puede desentenderse de las indemnizaciones, la Consejería debe sentarse a negociar para encontrar una salida para los profesores", denuncia la secretaria general de la federación educativa de CCOO, Tere Esperabé.

Incluso se podría haber pactado una moratoria de un año, propone la portavoz sindical. "Ha faltado voluntad de sentarse a negociar", resume. Lo cual no significa, como apunta el responsable de la sectorial de educación privada de UGT, Emili Ribas, que el centro gozara de suficiente vitalidad para resistir la retirada del concierto.

Buscar una salida

"Hace años, la escuela Boix ya perdió un grupo de P-3. Además, los grupos en Primaria no estaban llenos", informa el delegado ugetista. "La escuela lleva 60 años en el barrio, pero hace relativamente poco se construyó cerca un colegio público. La dirección empezó a bajar cuotas e incluso a proponer escolarización gratuita en algunos casos. Es un barrio obrero, con cuotas de por sí bajas. Ha sido una muerte anunciada", se lamenta.

Ante esta situación, ¿qué salida pueden tener los profesores? Las características del centro impiden su asunción por parte de la Administración, pero Esperabé propone la creación de una mesa de recolocación para la concertada, una bolsa de trabajo especial para este tipo de casos. Estos órganos habían existido en el pasado, pero ahora mismo no hay ningún mecanismo activo en la comunidad. Ribas avisa: si no se toman medidas, estos conflictos irán a más en Cataluña. "Si la Consejería no baja las ratios o aumenta los módulos, estas situaciones se repetirán", avisa.