La Generalitat separa a un padre de sus hijos a pesar de que “no se encuentran en desamparo”

Hace casi tres meses que Joan, un vecino de Tàrrega, vive sumido en una auténtica pesadilla. El 17 de noviembre, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), que depende del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, asumió la tutela de sus tres hijos, dos biológicos y de una niña fruto de una relación anterior de su pareja, después de que la mujer falleciera el 11 de julio de 2020.

Tras la muerte de la madre de los tres menores, el padre biológico de la mayor reclamó la paternidad de su hija. Un juzgado de Barcelona le concedió la filiación, la patria potestad, la guardia y custodia, y ponerle su apellido a la menor el 21 de octubre de 2020, pese a no haber mantenido nunca ninguna relación con la niña. “El que ejerció siempre como su padre fue Joan”, asegura su entorno.

"No hay desamparo"

Después del fallecimiento de la madre, Joan se fue a pasar el resto del verano a Salou (Tarragona) con los niños. En este impasse, la tía materna se puso en contacto con la DGAIA y denunció que el hombre se había marchado con ellos a otro domicilio y que una de las menores, además, no era su hija biológica. Sin embargo, en septiembre Joan se estableció con los tres menores en Tàrrega (Lleida), donde reside parte de su familia. Allí empezaron una nueva vida, pese a la situación dramática que estaban atravesando, y escolarizó a los niños.

Para cerciorarse de que los menores se encontraban en buen estado, el Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA) de Segarra-Urgell hizo un seguimiento domiciliario a la familia. En su informe, al que ha tenido acceso este medio, los técnicos detallaron que los niños “tenían las necesidades básicas cubiertas favorablemente y que no se encontraban en situación de desamparo, considerando que el Sr. Joan les ofrecía un entorno protector”.

La EAIA ratificó el informe

Por este motivo, en julio de 2021 la EAIA propuso cerrar el expediente al entender “que los hermanos no se encontraban en situación de desamparo y que no se valoraba conveniente la asunción de la tutela por parte de la DGAIA”. Pero el Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida (SAIA) desoyó las recomendaciones de los técnicos y el 4 de noviembre de 2021, apenas cuatro meses después de la emisión de ese informe, decidió que asumiría la custodia de los menores. Aunque la EAIA se ratificó al día siguiente "en su propuesta de cerrar el expediente de desamparo y la derivación a los servicios sociales", como recogen los informes de la DGAIA a los que ha tenido acceso Crónica Global, el 17 de noviembre varios agentes de Mossos d’Esquadra acudieron en horario lectivo al colegio de los niños con dos técnicos del organismo público. Los sacaron de sus respectivas aulas y se los llevaron en un furgón hacia Lleida. 

Primero los trasladaron a un CAP, a 50 kilómetros de Tàrrega, y les hicieron una PCR. Posteriormente, se los llevaron a un Centro Residencial de Acción Educativa situado en las afueras de la capital provincial, donde ingresaron. A los dos pequeños los encerraron juntos en una habitación, según la versión de la familia, como medida preventiva a la espera de los resultados de la PCR, mientras que a la mayor la ubicaron sola en otra estancia. El mismo día, en la comisaría de los Mossos d'Esquadra, la DGAIA le hizo entrega al padre de una resolución que la familia considera "irrisoria”.

Mantenerlos unidos para separarlos

La resolución, a la que ha accedido este medio, recoge que “la DGAIA ha decidido asumir la tutela por varios motivos: "por la voluntad de preservar la convivencia de los menores” hasta que se resuelva la situación legal de la mayor de los tres, para apartarlos de "desavenencias familiares" al entender que no hay una buena relación entre el padre y la hermana de la fallecida y para darles “un espacio seguro de recuperación emocional” en el que poder superar la muerte de su madre.

Sin embargo, la familia sostiene que los menores no fueron escolarizados hasta el día 17 de enero y que tampoco han sido atendidos por psicólogos. A excepción de la mayor, que fue visitada por una terapeuta durante 40 minutos para elaborar su árbol genealógico. Este es solo uno de los hechos que evidencia que el objetivo de la DGAIA no es otro que “conseguir la progresiva integración de la mayor en el núcleo familiar de su padre biológico”. “Los mantienen juntos para intentar separarlos después”, denuncia la familia.

Once semanas sin ver a sus hijos

“Podemos estar de acuerdo o no con lo que dictamine el juez sobre la niña mayor, pero en el caso de los dos pequeños es absurdo. Para encerrar a los niños ni siquiera ha intervenido un juez. Es algo descabellado. Solo han intervenido unos técnicos que estiman que por la Ley 14/2010 puede haber un riesgo emocional por el que se les debe separar de su familia y han emitido una resolución administrativa, que no judicial. Hay casos obvios, como los malos tratos, el abuso o la desatención, pero en este caso no hay nada. Nada de nada”, sostienen los familiares. 

Sede de la 'Conselleria' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia / EUROPA PRESS

Desde la emisión del citado documento Joan ha estado 11 semanas sin ver a sus hijos. Aunque el texto contemplaba que tenían que establecerse visitas con el padre desde el inicio, la DGAIA “se ha saltado a la torera su propia resolución”, dice la familia. A la mayor ni siquiera la ha visto, aunque ella lo ha solicitado. A pesar de ser una niña con altas capacidades --a la edad de 11 años ya cursa primero de ESO-- el juez no está obligado a escuchar su opinión hasta que cumpla los 12.

Visitas controladas

Mientras que a ella no la puede ver, por no ser de su misma sangre, Joan ha comenzado a visitar a los dos niños más pequeños una vez por semana. Son citas supervisadas, de una hora y con una asistenta social presente que escucha todo lo que dicen. Si alguno de los familiares expresa algo que no debe la funcionaria cambia de tema o, en el caso de las conversaciones telefónicas, cuelga.

La familia denuncia la vulneración del derecho a la intimidad de los niños en las llamadas, en los correos postales y durante las visitas. Su tío recuerda que, después de llevárselos con lo puesto, cuando acudieron al centro para llevarles sus enseres personales, les quitaron incluso una nota de ánimo “de lo más aséptica” y una pelota firmada por sus amigos. “Sobre todo con la mayor, quieren que olvide su vida en Tàrrega, hacerle un lavado de cerebro”.

"Lo tenían todo"

Joan explica que ha presentado dos demandas de oposición al desamparo --una por la niña mayor y otra por los dos pequeños--. “La DGAIA hace lo que quiere sin control judicial. Se agarra al desamparo de la niña mayor, no por falta de cuidados sino por la situación relativa a la patria potestad, para internarlos a los tres en un centro por no querer separarlos”, incide el padre. “No decimos que en la mayor parte de los casos actúe bien, pero en este ha metido la pata hasta el fondo. Les pedimos diligencia y lo único que obtenemos es negligencia”, explican otros familiares.

Por el momento, la DGAIA ha decidido que el tiempo mínimo que pasarán los tres menores en el centro de acogida sea de "seis meses prorrogables" y, a preguntas de este medio, aseguran que están trabajando con la "máxima celeridad" para resolver la situación. Pero para Joan los días no pasan. “Estoy fatal. Fatal. He visto a mis hijos dos veces en 12 semanas. Ni siquiera puedo decirles que en casa les esperamos. Solo de pensarlo se me saltan las lágrimas. Las despedidas son brutales. Ellos no entienden nada. Si hubiera un motivo de peso… pero no lo hay. Somos una familia de clase media-alta, llevaban un año adaptados en Tàrrega, iban a actividades extraescolares, tenían canguro, juguetes, amigos... Lo tenían todo”. 

Piden la revisión del caso

Fuentes del Departamento de Derechos Sociales han respondido a la petición de este medio asegurando que "la DGAIA asumió la tutela para preservar la unidad de convivencia de los tres niños, alejarlos de las desavenencias familiares y, a raíz de la resolución judicial que afecta a la mayor, para ofrecerles un espacio de seguridad y recuperación emocional que debe durar el menor tiempo posible". Además, desde el departamento mantienen que "mientras la DGAIA trabaja con las diferentes partes familiares para encontrar una solución a esta situación, los niños se encuentran en un centro sustitutorio del hogar familiar, en el que no están encerrados, y que están escolarizados". 

Pero para Joan esta respuesta es insuficiente. "Es increíble que en el siglo XXI, en un Estado europeo, democrático, se pueda condenar a tres niños a seis meses de internamiento en un centro solo con una resolución administrativa. Sin juzgados, sin control, sin contrastar hechos, sin ningún signo de alarma, sin aviso previo". Lo único que solicita el padre es que el organismo ocupado de proteger a la infancia vele realmente por el bienestar emocional de sus hijos y revise su caso de forma inmediata para que puedan reunirse cuanto antes porque, aunque no pueda decírselo, los espera en casa con los brazos abiertos.