El problema de la vivienda en Cataluña vuelve a resurgir tras la muerte de dos personas en la barraca donde residían, situada en una zona del Pla del Besòs del municipio de Montcada i Reixac. Aunque los Mossos d’Esquadra investigan las causas, se baraja la hipótesis de una intoxicación tras encender un fuego para calentarse del frío. Se trata de una pareja de 40 y 42 años que vivían en un terreno repleto de asentamientos ilegales que les servían de refugio. De hecho, hoy por hoy se contabilizan unos 400 en el margen izquierdo del río Besòs y unos 100 en el lado izquierdo, que va in crescendo.

La alcaldesa de Montcada, Laura Campos (En Comú Podem), considera que se deberían derrumbar las barracas, pero dice no poder hacerlo “sin la ayuda de las distintas administraciones”. Avisa de que el ayuntamiento "no puede asumir" los más de tres millones de euros que costaría echarlas abajo. Además, también vaticina que su gobierno “por sí solo no podrá ofrecer alternativa habitacional para todos”. Al menos sin tener un diagnóstico real.

Zona “complicada” y “hermética”

Por ello, el equipo de gobierno ha encargado un estudio al Consorcio del Besós para “analizar la situación territorial y social” y, de esta forma, poder dar un paso más allá. Así lo ha explicado el presidente del área territorial del ayuntamiento, Jordi Sànchez (ERC), quien reconoce ser consciente de la situación desde antes de que ocurriera la tragedia. Sin embargo, ambos advierten de que es una zona “complicada” y “hermética” donde se hace difícil acceder, incluso para la policía local.

Desde el consistorio explican a Crónica Global que, aunque no tienen contabilizado el total de residentes, sí que se trataría de personas no inscritas en el padrón municipal. Sin embargo, tienen localizadas a “personas mayores” a las que desde los servicios sociales se les hace seguimiento porque ellas mismas lo han solicitado, al estar empadronadas.

“Problema social y de medio ambiente”

Sànchez explica que no solo se trata de un problema de vivienda, sino que en algunos casos “se complica cuando, en situaciones de crisis, se acaban convirtiendo en negocios no regularizados como talleres de reparación de palés, chatarra, etcétera”. En la misma línea, la líder de los comunes en el municipio dice que no es únicamente un “problema social de infravivienda” para familias que malviven, sino también de un problema de “medio ambiente”. “Debe entenderse de una vez el río Besós como un espacio natural a proteger”, declara.

El regidor de ERC pide colaboración a la Generalitat, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a la Diputación de Barcelona para encontrar una solución, a pesar de que esta última asegura a este medio no tener “competencias en este sentido, porque la zona de barracas no está dentro de los límites del Parque Fluvial del Besós”. Sin embargo, desde el ayuntamiento les responden: “Pero sí que está dentro del parque de la Serralada de la Marina, que sí que es su competencia”.

“Propietarios ausentes”

Los regidores cargan también contra los “propietarios ausentes” de las tierras donde están instaladas estas barracas. De hecho, el ayuntamiento tiene abiertos varios expedientes de disciplina urbanística contra ellos porque consideran que tienen parte de responsabilidad, al no “mantener un control” de la zona. “Se pueden hacer huertos, pero no viviendas”, denuncia Sànchez.

Asimismo, lamenta que “Montcada sea el patio de detrás de Barcelona en muchas cosas”, por ejemplo, en cuanto a vertederos incontrolados.

26% de riesgo de pobreza en Cataluña

La Taula del Tercer Sector de Cataluña se ha pronunciado tras la muerte de la pareja y ha reclamado que se actúe con contundencia frente a la pobreza "que no para de crecer y que se ha cronificado".

"Solo han hecho falta diez días para empezar el 2022 con otra tragedia causada por la falta de acceso a una vivienda digna", han lamentado en un comunicado, tras recordar el incendio que se produjo en un local okupado en la plaza Tetuán de Barcelona el pasado diciembre y que se cobró la vida de una familia. Según la entidad, en Cataluña hay 850.000 personas en situación de pobreza severa. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 26%.