La tendencia al alza de las ocupaciones ilegales de viviendas se ha ido intensificando en los últimos años hasta alcanzar la friolera de las 49 diarias en España. Ni siquiera la pandemia ha servido para rebajar los datos, que se mantenido en niveles alarmantes.

La comunidad peor parada, según avanza ABC, es Cataluña. Solo en la provincia de Barcelona se registraron 4.200 denuncias de las casi 13.400 que se contabilizaron en los primeros nueve meses del 2021 a nivel nacional. Con estas cifras, la comunidad acumula el 45% de las denuncias, con una tasa cuatro veces por encima del promedio estatal.

Tendencia alarmante

Aunque las cifras han ido variado, alcanzando en 2016 el dato más bajo de okupaciones, la tendencia general muestra un notablemente aumento en los últimos años, desde las 10.376 registradas en 2015 hasta las 14.675 de 2020.

Los locales más afectados siguen siendo aquellos que son propiedad de entidades bancarias e inmobiliarias, es decir, de grandes tenedores. Sin embargo, son muchos los vecinos que sufren las consecuencias de este problema, como los que viven en la urbanización Casas del Mar de Sant Pere de Ribes. En los últimos meses han sido testigos de cómo tres clanes han okupado a la fuerza 12 viviendas ante la pasividad de los Mossos, el ayuntamiento y la inmobiliaria que alquila los pisos.

Los Mossos, atados de pies y manos

A pesar de entender las quejas de los vecinos, los Mossos se defienden y alegan que solo pueden actuar en las okupaciones “en caliente”, aquellas en las que “no han pasado 48 horas”. Cuando se cumple este plazo, si la persona ya ha pernoctado allí y ha introducido elementos de vida como un colchón o una nevera, “por ley ya no se puede acceder si no es con autorización judicial”, confirman fuentes policiales a Crónica Global. 

La única forma de entrar, aclaran, es que se estuviera produciendo un ilícito. Y no cualquiera. Para vulnerar un derecho fundamental como es la inviolabilidad de un domicilio, se tiene que haber cometido un delito grave. De lo contrario, la espera se puede dilatar durante años, hasta que se emita una resolución judicial.