Mossos d’Esquadra trataban de precintar el local de la plaza Tetuán de Barcelona, donde ha perdido la vida una familia de cuatro personas por un incendio, cuando se acercó un joven que pretendía acceder a la vivienda okupada. A las puertas de la antigua oficina de Evo Banc reconvertida en vivienda, explicó cómo consiguió residir allí: “Me cobraron 600 euros para entrar”. La noche de los hechos estaba fuera y no regresó hasta mucho después de que los bomberos apagaran las llamas.

La acción de las mafias profesionales que convierten el allanamiento de pisos y locales en su particular negocio emerge en un suceso que ha conmocionado a la ciudad. El fuego que se cobró la vida de una pareja y sus dos hijos, de tan solo tres y un año de edad. Su compañero de piso da más detalles de cómo era la vida allí.

Dos plantas y un patio

Se resiste a dar su nombre real y explica que varias personas habitaban ese local de dos plantas. Un piso y los bajos, que tenían acceso a un patio interior que sirvió de refugio para los otros cuatro residentes que consiguieron salir del piso con vida. Los servicios de Emergencias municipales les encontraron allí cuando llegaron y pudieron atenderlos. La familia no logró salir del local.

La policía autonómica investiga cómo se pudo iniciar el fuego. Son varias las hipótesis que contemplan, señalan fuentes del Departamento de Interior. Desde que fuera un incendio intencionado a que se produjera un accidente fatal en su interior. Que el origen de las llamas esté en una colilla sin apagar, una vela o un cortocircuito.

Servicios Sociales avaló el estado del local

Con todo, esta última tesis pierde fuerza tras la comparecencia que los responsables de Servicios Sociales de Barcelona realizaron este martes por la tarde. Reconocieron que en octubre realizaron una inspección del local y que la conexión eléctrica no presentaba ningún fallo. Además, en el momento del fuego el servicio estaba dado de alta. La propiedad del inmueble, Evo Banc, asumía el coste del consumo energético, tal y como indican interlocutores de la entidad.

Explican que el inmueble dejó de usarse como oficina bancaria a mediados de 2019, época en la que se ejecutó el repliegue del grupo financiero en Cataluña. En octubre de ese mismo año se puso a la venta, pero aún retienen la propiedad porque en enero de 2020 se dieron cuenta “de que estaba okupado”. En ese momento interpusieron una denuncia ante Mossos d’Esquadra para proceder al desahucio y continuar con el proceso de enajenación. “No ha habido ninguna actualización de su estado”, sentencian desde Evo Banc.

Malestar vecinal

La okupación del local no pasó precisamente desapercibida entre los vecinos. De hecho, era foco de conflictividad por las peleas constantes que mantenían unos residentes en continuo movimiento. De hecho, la policía autonómica recibió el aviso de la enésima pelea en el interior del inmueble sobre las dos de la madrugada, pocas horas antes de que se iniciara el fuego.

¿Tiene alguna relación esta riña con el incendio fatal? Es una de las vías que se contempla en la investigación. La policía autonómica volvió a recibir un aviso de que algo estaba sucediendo en ese inmueble a las seis de la madrugada. Fue entonces cuando tanto una vecina que estaba por la zona como los propios habitantes del inmueble avisaron de que había humo y varias personas pidiendo socorro en el patio del local allanado.

Atención de Servicios Sociales

La familia que ha perdido la vida recibía ayuda de los Servicios Sociales de Barcelona. Se les habían facilitado los trámites burocráticos necesarios para recibir atención sanitaria, para que la pequeña en edad escolar accediera a una plaza en un centro de la ciudad y para recibir apoyo para la alimentación. Reconocen que en ningún momento se les había ofrecido una vivienda alternativa, ni siquiera uno de los pisos de emergencia social para personas vulnerables, ya que consideraban que el lugar en el que estaban cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Este criterio de los profesionales de atención ciudadana choca con el relato de los vecinos, que aseguran que era un inmueble conflictivo. Todos coinciden en que no había ningún problema con la familia, originaria de Pakistán --el cónsul del país ha lamentado la pérdida--, pero sí remarcan que había muchos problemas con el resto de personas que pagaban este peaje de 600 euros para vivir de forma más o menos prolongada en el local.

Informe sobre naves y espacios okupados

El incendio en la plaza Tetuán tiene ciertos paralelismos con otro fuego mortal que sacó a la luz tanto la precariedad como la actuación de mafias que hay detrás de las okupaciones. La muerte de dos personas en una nave industrial de Badalona en diciembre de año pasado. Este suceso marcó, sobre el papel, un antes y un después en la gestión de los allanadores por parte de la Administración.

Mossos d’Esquadra recibió el encargo de iniciar la confección de un informe sobre espacios industriales y otros recintos okupados en Cataluña donde pudiera suceder algo similar. El documento debía aportar información sobre la salubridad del lugar, el nivel de las instalaciones, la situación real y actualizada del local y de las personas residentes. Detallar en qué condiciones vivían, si había quejas vecinales o si se habían producido conflictos de convivencia y seguridad, entre otros.

El local de Tetuán estaba identificado

La Consejería de Interior confirma que el local de la plaza Tetuán estaba incluido en esta base de datos de la policía autonómica. Los portavoces de la consejería explican que se compartió con el Departamento de Asuntos Sociales y Familia para que iniciaran las acciones que creían más adecuadas.

La Región Policial Metropolitana de Barcelona concentra el 42% del total de los inmuebles identificados como peligrosos, seguida de la Región Metropolitana Sur (el 15%) y la Región Policial de Girona y Ponent con otro 8%. La elaboración de este listado perseguía evitar la repetición de un suceso trágico. Con todo, la prevención ha sido insuficiente.