Los funcionarios de prisiones redoblan sus protestas para denunciar la “apatía y el desinterés” hacia ellos por parte del Departamento de Justicia, que lidera la consellera Lourdes Ciuró. El último episodio de estas movilizaciones se produjo ayer en los servicios territoriales de justicia de Lleida, donde se encerraron cinco delegados sindicales de la cárcel de Ponent hartos de la falta de personal, el envejecimiento de la plantilla, las agresiones a los trabajadores y el tráfico de medicamentos en el penal, tal y como explican ellos mismos.
La falta de personal y el envejecimiento de la plantilla son reclamaciones generalizadas. Sin embargo, la cárcel de Ponent destaca por ser “el agujero negro” de las prisiones catalanas. Así lo define el representante de UGT Prisiones en una conversación con Crónica Global.
Tráfico de medicamentos
A estos problemas hay que añadir el “tráfico de medicamentos”, de especial preocupación entre los funcionarios de este centro penitenciario ilerdense. Hasta hace dos años, se les diluía la medicación a los presos, pero actualmente se les ofrece directamente la cápsula, lo cual “hace que algunos la utilicen de forma indebida o no se la tomen, lo que deriva en graves problemas conductuales y de comportamiento”. Desde el Departamento de Justicia defienden en declaraciones a este medio que “esta decisión se ha tomado en base a criterios médicos”.
El tráfico de medicamentos es algo que los trabajadores “no pueden controlar” con la reducida plantilla actual. Esta es otra de las reivindicaciones que hacen. Todos coinciden en que hay una media de tres funcionarios cada 90 presos, lo cual dificulta que se pueda vigilar si se toman o no la medicación. “Es un proceso que llevaría horas”, advierten. Según el sindicato CSIF, más del 70% de la población reclusa que "toma medicación psicotrópica" ha traficado al menos una vez con ésta, y más del 30% lo hace de forma habitual.
Motivo de conflicto
Según el responsable de UGT, el trapicheo de pastillas es algo que denuncian “desde hace mucho tiempo” porque es un motivo de conflicto, no solo entre funcionarios y presos, sino entre los propios internos. Para algunos, esto es una “forma de vida”, en base a que el 80% de los reos de esta prisión --según el sindicato mayoritario-- “no tienen familia ni fuente de recursos para abastecerse”. Por ello, muchos no se toman la medicación con tal de venderla “a cambio de tabaco o café”, añaden desde el CSIF.
Esta realidad desencadena nuevos conflictos. Por un lado, “no se toma la medicación un interno que la necesita”, lo cual puede provocar que pierda la compostura. Por otro, esto implica que “un preso que no debe tomar esa medicación lo haga, arriesgando su vida”. Todo ello genera “deudas y promesas” que podrían derivar en un ajuste de cuentas entre los internos.
Aumentan las agresiones a funcionarios
El representante de CSIF en Ponent explica que en octubre de 2019 un interno murió por sobredosis en este centro. Además, relata que en las últimas semanas se han producido situaciones preocupantes como la quema de una celda por parte de un preso y la agresión a un funcionario el 31 de octubre que ha acabado con “una rotura de pómulo y del arco ocular” y le ha generado problemas de retina de por vida.
Según datos de este sindicato, las agresiones a funcionarios en la cárcel de Lleida han aumentado el 66% respecto al 2020. Por eso, la agresión al compañero, dicen, “no es un hecho aislado” porque ocurre de forma habitual.
Más protestas
Desde el sindicato Acaip, Jesús Álvarez denuncia “la falta total de mantenimiento” en las infraestructuras. Explica que no sólo tienen problemas de insectos, sino también de seguridad, porque “hay módulos que no cuentan con cámara de vigilancia”.
Por todo esto, las concentraciones de protesta siguen este viernes frente al Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI), que coincide con la visita del director general de asuntos penitenciarios, César Galván, por la inauguración de la exposición del Premi Marraco de cerámica, pintura y escultura que organiza el recinto carcelario. Los representantes de todos los sindicatos tienen previsto reunirse con él durante la mañana para trasladarle sus reivindicaciones, como hicieron este jueves con la directora de los servicios territoriales, Montse Messeguer, tras encerrarse en los juzgados en forma de protesta.