La juez autoriza volver a entrar en la funeraria acusada de un supuesto cambiazo de 6.000 ataúdes. El caso por el que la policía retorna para registrar el Grupo El Salvador, que a una de sus empresas, Funeraria Castellana de Valladolid, el Ministerio de Justicia, en esos momentos liderado por Juan Carlos Campo, asignó un contrato a 0 euros mientras estaba siendo investigada por estafa.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha autorizado a la policía a volver a registrar el tanatorio, en las instalaciones de la funeraria Parque El Salvador por “considerarlo imprescindible para completar el informe sobre el consumo de gas en los crematorios”. Esta entrada, desde que se conociera la noticia a principios de año, se ha dado después de que la jueza estimara la petición realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV), según ha avanzado El Norte de Castilla.

Completar el informe

El objetivo es, con este nuevo registro, completar el informe que en estos momentos se elabora sobre el consumo de gas tanto en el tanatorio como en el horno del cementerio Parque El Salvador. La instructora ha recordado que esta entrada se debe a que se necesita el libro de incineraciones de 2017 y 2019, que no fue encontrado en las anteriores actuaciones policiales.

El caso judicial se remonta al 31 de enero de 2019, cuando una operación de la Policía Nacional cercó las instalaciones de la Funeraria Castellana, perteneciente al Grupo El Salvador, de Valladolid. Esta empresa está vinculada a la familia Morchón, que se defendió de que la presunta estafa de ataúdes les había causado un “daño irreversible”, mientras aseguraron que su actividad se ha desarrollado siempre de forma “normal”.

Cero ingresos

Todo ello, se revolvió todavía más cuando logro la adjudicación del lote 5 del contrato Servicio de recogida y traslado de cadáveres judiciales en el ámbito geográfico de la GT, que corresponde a los partidos judiciales de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco. La licitación salió por 11.461,12 euros en septiembre de 2020. Finalmente, el Ministerio de Justicia otorgó el contrato a Funeraria Castellana por 0 euros.

En resumen, una funeraria investigada, que ahora vuelve a ser solicitada por la jueza que dirige las diligencias para que faciliten el acceso a las instalaciones, a la que el Ministerio de Justicia adjudicó un contrato con cero ingresos.