El botellón muta en "terrorismo urbano" en un permisivo mandato de Colau

Barcelona se ha convertido en un polvorín. La última noche casi se triplicaron, respecto al viernes, los asistentes al botellón masivo de plaza España --más de 40.000 personas-- para continuar la celebración de las Fiestas de la Mercè tras acabar los eventos oficiales. Una cruda jornada en la que la Guardia Urbana fue atacada e incluso asaltaron una de sus comisarías. Quemaron instalaciones municipales y vehículos, y hubo 43 heridos, 13 de estos por arma blanca. También fueron saqueados comercios familiares. Los cuerpos de seguridad, agentes sociales y económicos han mostrado su descontento ante una excesiva permisividad del ayuntamiento barcelonés, liderado por Ada Colau.

Las reacciones políticas a la segunda noche de botellones no se han hecho esperar y mientras Colau aseguraba que “es un problema de orden público” para pedir refuerzos de los Mossos d’Esquadra a la Consejería de Interior, otros la acusaban de “perder el control de la ciudad”. Este es el caso del portavoz municipal de JxCat, Jordi Martí, que calificaba de “muy grave la falta de previsión del gobierno municipal” con una “permisividad programada” del consistorio. ERC cerraba filas con los postconvergentes, mientras PP, Cs y Barcelona pel Canvi --formación del exconcejal Manuel Valls-- denunciaban el “terrorismo callejero”. El PSC mantenía su apoyo incondicional a la alcaldesa. La CUP rompía ayer por la tarde su silencio para defender a los jóvenes ante “el fracaso de las restricciones”.

Terrorismo urbano

La Guardia Urbana de Barcelona ha sido la más afectada en estos sucesos violentos, a la espera de lo que ocurra esta noche. El sindicato policial CSIF, calificaba de “terrorismo urbano” los disturbios de la madrugada del sábado y denunciaba “nuevamente” los ataques a los agentes por parte de ciudadanos en los diferentes botellones “ilegales, pero con consentimiento municipal”. Llegaron a pedir, incluso, una investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona por “dejación de funciones” del gobierno de Colau.

“Unas 400 personas que hacía botellón en plaza España fueron a la comisaría de la Guardia Urbana con el objetivo de asaltarla, dañando las instalaciones y quemando vehículos policiales y particulares”, relatan desde el sindicato policial. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, instó a “normalizar socialmente los botellones”, algo que ahora se ha convertido en un “problema de orden público”, según el edil seudosocialista. Fuentes del cuerpo consultadas por este medio, coinciden en que Colau y Batlle deberían dimitir tras los disturbios de la última noche en la capital catalana.

Golpe económico

La policía, los propietarios de vehículos calcinados y las instalaciones municipales no han sido los únicos afectados a nivel material. La imagen de Barcelona vuelve a reducirse a cenizas y el mundo mira como el espacio que acoge la mayor feria mundial del móvil, el Mobile World Congress (MWC), es destruido. El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha lamentado los destrozos por “actos vandálicos intolerables”. Ha asegurado que trabajan para reparar las instalaciones y que “vuelvan a estar al servicio de la ciudad y de la actividad ferial” lo antes posible.

Este golpe económico a uno de los principales focos de atracción de empresas y empleo de la Ciudad Condal, se ha expandido por la ciudad con los saqueos en comercios familiares. El pillaje en los negocios más afectados por las restricciones de la pandemia se dio en los alrededores de plaza España y de forma puntual en otros lugares de la metrópoli. Fuentes policiales explican a este medio que, además, se “atacó a los usuarios de la vía que se desplazaban con sus vehículos”. Un polvorín que el consistorio de Colau pretende prevenir con controles de acceso este domingo, en un dispositivo conjunto entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, en los alrededores de la avenida Maria Cristina para evitar otra noche de “terrorismo urbano”.