La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha dado el espaldarazo a los imputados en la investigación sobre la organización del llamado Tsunami Democràtic, el caso Voloh. El Ministerio Público ha aceptado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marta Molina, que corre a cargo del exdiputado de la CUP Benet Salellas, en un auto que supone un correctivo al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encabezado por Joaquín Aguirre.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Crónica Global, el Ministerio Fiscal afirma que no existe “la más mínima motivación fáctica y jurídica” que propicie que la Audiencia Nacional abra una causa contra los investigados en primera instancia. Es decir, a los expolíticos Xavier Vendrell y David Madí; al editor Oriol Soler; y a tres personas del entorno más directo del expresidente catalán Carles Puigdemont como son Josep Lluís Alay, Jaume Cabaní y Josep Campmajó. Además de la activista independentista que instó el recurso.
Derecho de tutela judicial efectiva
El Ministerio Público anunció su decisión a mediados de julio, aunque no ha trascendido hasta principios de septiembre. Reconoce que se ha “quebrantado el derecho de las partes no sólo a conocer los hechos que se le imputan, sino también a conocer las razones por las que el Juzgado se inhibe a favor de la Audiencia Nacional”. Esto lleva a que los acusados no puedan “realizar un control de legalidad de la actuación judicial”.
Por todo ello, la Fiscalía “entiende que se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva de los investigados”. Tanto de la apelante como del resto de acusados de organizar “el fenómeno denominado Tsunami Democràtic”.
Toque a la Audiencia Nacional
Afirma que no puede “entrar en el fondo de la cuestión de competencia planteada” porque desconoce “cuáles son los argumentos del Juzgado Central de Instrucción número 6 para considerarse competente”. Es decir, afea a la Audiencia Nacional que acepte esta parte de la investigación sin dejaro claro los motivos de las pesquisas.
Esta decisión supone un golpe a la instrucción y diligencias practicadas por el juez Aguirre para buscar a los presuntos autores intelectuales de la puesta en marcha de este movimiento independentista.