El Govern ha acabado con una de las medidas más controvertidas de la quinta ola de coronavirus. Los ancianos y personas dependientes que viven en una residencia podrán retomar las salidas de menos de tres días con condiciones. De forma concreta, deberán estar con la “burbuja de convivencia”, que deberá dar negativo en los test de antígenos.

En cuanto a los paseos habituales con familiares que les visitan o las salidas de horas, se recomienda que tengan lugar en espacios abiertos. No se modifican las condiciones de los viajes de más de tres jornadas, aunque se recuerda que las personas que recojan a los residentes “deberán firmar una declaración responsable”.

Seguimiento de las medidas

Así lo ha explica la consejería de Salud y la de Derechos Sociales en una nota conjunta. En ella, se indica que el fin del protocolo más severo para evitar que el Covid-19 entrase “en estos centros” desde este mismo martes hasta “los próximos 14 días”. Las “medidas de protección” se evaluarán y se adecuarán a los nuevos datos epidemiológicos.

Por ahora, la mejora de las cifras de infectados y de transmisión del virus propician relajar la protección de los centros. Con todo, se mantienen la obligatoriedad de los profesionales que trabajan allí de “mantener los cribados periódicos establecidos”. Asimismo, se aislarán a los positivos y se vacunarán a las “nuevas incorporaciones” en la plantilla.

Test de antígenos

También se mantiene otra iniciativa que ha levantado polvareda. Los familiares de los residentes solo los podrán visitar si dan negativo en un test de antígenos. La Generalitat decretó en un primer momento que se la debían pagar de su bolsillo. Con todo, y tras las quejas de los usuarios, la prueba corre a cargo del erario público y la realiza el personal formado de los centros. “Se mantiene la limitación de dos personas como máximo por visita”, añaden las consejerías que gestionan la incidencia de la pandemia entre los dependientes.

Las cuarentenas en el caso de que se detecte a un positivo se mantienen en los 10 días. Los residentes que hayan sido “vacunados de forma correcta”, es decir, con pauta completa, no deberán aislarse. Eso sí, se deberán someter a una PCR para medir el alcance real del brote en los centros afectados.

El Gobierno catalán “insiste” en la “conveniencia de la vacunación para todas las personas que estén en contacto con los residentes”. Con todo, no se puede obligar a dar el paso.