La fiscalía pide seis años de prisión y otros 15 de inhabilitación absoluta para el exconseller de Interior Miquel Buch por supuestos delitos de malversación y prevaricación al designar escolta para Carles Puigdemont en Bélgica.

En su escrito de acusación, el ministerio público también solicita otros 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Buch, así como otros cuatro años y seis meses de cárcel para el sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, que prestó labores de seguridad a Puigdemont. Para el policía también reclama 13 años de inhabilitación absoluta y 10 para empleo o cargo público.

Escolta de Puigdemont en Bélgica

Según señala el fiscal, el sargento prestó "servicio activo" en el cuerpo catalán hasta el 29 de octubre de 2017, siendo jefe del área de escoltas del entonces president de la Generalitat. Una vez aprobado el 155, el BOE publicó el cese de Puigdemont. Así, se mantuvo el dispositivo seguridad para el mandatario, pero reducido.

Escolà, atendiendo a la llamada de Puigdemont --indica la fiscalía--, se presentó en el domicilio de este en Sant Julià de Ramis, Girona, y, sin comunicar a sus superiores la intención del político de "abandonar el territorio de forma precipitada para eludir la actuación judicial", montó un dispositivo "clandestino" por el que "acompañó y escoltó al huido hasta Francia, donde tomó un avión a Bélgica".

"Permiso por asuntos personales"

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la División de Asuntos Internos (DAI) abrió un expediente al agente, que remitió al Ministerio del Interior, que decidió asignar al sargento, de forma provisional, a la comisaría de Martorell. Allí no llegó a incorporarse ya que, desde la huida de Puigdemont, constaba que o bien estaba de "vacaciones" o de "permiso por guardias no presenciales" o "asuntos personales". Cuando estos días acabaron, cogió la baja por "contingencias comunes".

Durante ese periodo, entre octubre de 2017 y julio del año siguiente, Escolà no desempeñó su labor como policía, pero sí "numerosas salidas al extranjero, para prestar labores de custodia y seguridad para el ya procesado Puigdemont".

Equipo de seguridad de "confianza"

Por su parte, indica el ministerio público, Buch, en aquella fecha --julio de 2018--, sin esperar a la resolución de la secretaria de Estado de Seguridad, facilitó un nuevo servicio de escolta a Puigdemont, "prestado por personas de su absoluta confianza, a costa del erario público". Todo ello, indica el escrito de acusación, "a sabiendas de que tras el auto dictado por el Supremo", el expresident había quedado "desprovisto de su condición de autoridad".

Así, el entonces Director General de la Policía (DGP) Andreu Martínez levantó el expediente disciplinario a Escolà, y Buch creó una nueva plaza de asesor en el departamento para el sargento. En concreto, este puesto era en "materia de sistemas de seguridad", pero, según la fiscalía, el nombramiento respondía a "un acto de mera arbitrariedad" para dar un servicio de escolta permanente a Puigdemont.

Viajes al extranjero del sargento

Recoge así el escrito del ministerio público los numerosos viajes de Escolà a lugares donde se encontraba Puigdemont, tras su nombramiento como asesor de Interior. Todo ello, "con pleno conocimiento" de Buch. Es decir, de los 224 días que ostentó el cargo, más de 100 estuvo fuera de Cataluña.

Sobre el coste para el erario, la fiscalía señala que el sargento recibió más de 52.000 euros --como asesor--. Por todo ello, considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación y malversación administrativa, y considera al exconseller de Interior como autor y al policía como cooperador necesario.