El expresidente Carles Puigdemont y su esposa, Marcela Topor / EP
El TSJC investigará la escolta de Mossos en la casa del fugado Puigdemont
La Fiscalía de Girona se ha inhibido a favor del alto tribunal por la condición de aforado el consejero de Interior, Miquel Buch, responsable de los agentes que vigilan el domicilio del expresidente
2 septiembre, 2020 18:43El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analizará si la escolta de los Mossos d’Esquadra en el domicilio particular de Carles Puigdemont en Girona es constitutuivo de un delito de malversación y prevaricación. La Fiscalía de Girona, ciudad donde reside la esposa del expresidente, Marcela Topor, ha decidido inhibirse a favor del alto tribunal dada la condición de aforado del consejero de Interior, Miquel Buch, denunciado junto a otros altos cargos del departamento por una cabo de la policía autonómica.
Tal como publicó Crónica Global, 15 agentes de los Mossos d'Esquadra vigilan 24 horas al día, en tres turnos integrados por dos agentes, el domicilio de Puigdemont en Girona.
Denuncia contra altos cargos de Interior
La exagente de los Mossos, Inma Alcolea, presentó el pasado 3 de julio una denuncia ante la Fiscalía de Girona por los presuntos delitos de malversación y prevaricación contra el consejero Buch; el director general de la policía, Pere Ferrer, así como contra los mossos Josep Milán, jefe de la Región de Girona; Xavier Domenech, jefe del Área Básica policial de Girona, y Josep Sala, subjefe.
Hoy 3 julio, hay 3 turnos de dos agentes de @mossos vigilando una casa con una señora y 2 niñas. Son familia de un delincuente fugado @KRLS y a eso se le llama MALVERSACIÓN. Esto es Genestapo una org. criminal. pic.twitter.com/uGNOiydL9x
— Inma Alcolea ??? (@Kevin_Europol) July 3, 2020
El ministerio público ha informado de que “las diligencias de investigación, incoadas en esta Fiscalía han sido inhibidas a la Fiscalía Superior de Cataluña”. El motivo es la condición de aforado de Buch. En el supuesto de que el TSJC no aprecie delito, la causa podría acabar en el Tribunal de Cuentas, explican fuentes judiciales.
La mossa recordaba en su escrito que el fugado ya no es autoridad, tiene orden de detención vigente, está procesado por rebelión y malversación y está fugado de la Justicia.
33.000 euros mensuales
Recuerda, asimismo, que la Abogacía del Estado remitió al Ministerio del Interior un informe que dejaba claro que el expresidente no podía utilizar ningún servicio de escoltas a cargo del erario público.
Cada uno de los mossos cobra 2.200 euros al mes, por lo que la seguridad de la casa del fugado “que ni es autoridad pública y se encuentra suspendido en funciones” cuesta 33.000 euros mensuales.
