Emergencias de Cataluña arrastra un pufo desde 2005. La empresa pública que gestiona las urgencias en la comunidad está cercada por denuncias de la patronal hospitalaria Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), que le reclama 1,1 millones de euros por trabajos "no realizados", según el deudor.
La carga la arrastra el SEM hasta ahora en forma de provisión económica año a año. La realiza cada ejercicio, también 2019, el último auditado, por si pierde las demandas que ha interpuesto su acreedor. Si esto ocurre, las finanzas de Emergencias sufrirán una dentellada del orden de la citada cantidad, que equivale a casi diez años de excedentes netos de la empresa pública.
Contrato con CSC
El pulso se remonta a 2005. Aquel año, el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) fusionó las dos empresas de emergencias de Cataluña: Semsa y Scubsa. Nació el SEM. La empresa pública contrató a una de las polémicas consultoras que opera la patronal hospitalaria CSC por 4,49 millones IVA incluido. Tenía el encargo de poner en marcha un "sistema integral de apoyo" a la gestión de las emergencias.
No salió. Según fuentes consultadas, porque ni el SEM ni CSC han querido aportar información a Crónica Global, los trabajos "no se completaron". Se rescindió el contrato. La patronal hospitalaria recurrió a los tribunales reclamando daños y perjuicios. En 2013, un juzgado falló a favor del SEM, pero la patronal trasladó su demanda a otra jurisdicción. Sigue reclamando 1,1 millones a Emergencias de Cataluña. Hasta hoy.
Un 'pufo'
El asunto ha derivado en pufo. Ello es así por varios motivos. Uno, porque el propio SEM indica en sus memorias anuales que los trabajos "no se realizaron". No se completaron, por lo que, en opinión de la empresa pública, no corresponde abonar daños y perjuicios. Fuentes consultadas por este medio confirman que no se finalizó el encargo. Dos, porque el propio CatSalut detectó "incidencias" en la ejecución de los mismos, como recoge la Sindicatura de Cuentas en sus informes.
Y tres, por la propia UTE que --teóricamente-- asumió el encargo y lo completó. Se trata de una unión de empresas entre la argentina International Health Services SA y el español Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC), embrión de CSC. Esta UTE se creó ad hoc para el polémico encargo del SEM del que reclama 1,1 millones. Pero también tenía en 2017 participación directa en cinco filiales internacionales de CSC. Consultorías extranjeras que la Sindicatura de Cuentas ha cuestionado.
El SEM, incapaz de resolverlo...
Sea como fuere, los 1,1 millones que podría tener que pagar el SEM a CSC colean. En 12 años, no ha habido un gerente capaz de llegar a un acuerdo con los acreedores, y eso que la sede de Emergencias de Cataluña está en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y el cuartel general de CSC, en la avenida Tibidado de la Ciudad Condal.
Pese a que hay dinero público en juego, una empresa pública y una patronal cuyo patronato lo forman alcaldes y alcaldesas y que vive del erario común han sido incapaces de entenderse. El último gerente que ha heredado el conflicto y lo ha dejado macerar es Antoni Encinas, el polémico director del SEM.
...y el CSC, inasequible al desaliento
Encinas ha protagonizado capítulos polémicos, pero en este caso su responsabilidad es la misma que la de sus predecesores: dejar la pugna judicializada. El gerente del SEM lleva casi tres años en el cargo, subida de sueldo inicial incluida. Pero no ha podido encontrar una solución para el agujero de 1,1 millones.
Tampoco lo ha tenido fácil. La patronal hospitalaria ha perseguido judicialmente a la empresa pública de emergencias por unos trabajos que el contratista cuestiona y que el CatSalut tampoco ve claros. CSC ha sido implacable en este asunto pese a que el fiscalizador el gasto público ha cuestionado duramente su propia gestión de dinero público.