Los okupas de Buenos Aires piden dinero por su veto a un hotel

Los okupas de la Casa Buenos Aires de Barcelona buscan dinero para pagar el veto a la construcción de un hotel que impidieron allanando el palacete de Vallvidrera. Los intrusos pasaron el cepillo entre sus fieles el fin de semana para pagar la compensación de 40.000 euros que les pide la Congregación de la Misión, los Padres Paúles, por impedir la construcción de un alojamiento en la mansión modernista. 

Los allanadores organizaron una jornada de actividades el sábado para recoger fondos con el fin de pagar la indemnización que les pide la orden religiosa. Los okupas marcharon en manifestación desde el Centro Cívico de Vallvidrera hasta el palacete, que tomaron a la fuerza en 2019 hasta ser desalojados en 2020. Durante ese lapso de tiempo, impidieron el derribo y construcción de un hotel de lujo. 

Janet Sanz, imputada

La acción de los okupas quedaría en una pugna entre squatters y una comunidad religiosa salvo por un extremo: el veto al hotel de lujo en la Casa Buenos Aires ha provocado la denuncia del inversor que pactó con los Padres Paúles, London Private Company. La querella ha generado la imputación por cuatro delitos de la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz. 

La concejal de BComú está investigada porque, en efecto, el Ayuntamiento de Barcelona arropó a los okupas y avaló el rechazo de los radicales a la construcción de un establecimiento turístico. Ello fue así pese a que la Casa Buenos Aires se encuentra fuera de la zona de contención de licencias para evitar el turismo masivo en Barcelona, fijada por el Peuat. El proyecto contaba con mimbres para salir adelante, pero la okupación del activo, primero, y la inacción municipal, después, lo abortó. 

El juez investiga

Lo que es más: el Ejecutivo local no solo no ignoró las peticiones de derribo y construcción de un hotel en la Casa Buenos Aires, sino que avanzó que expropiaría el inmueble y lo transformaría en viviendas dotacionales y un local para jóvenes del barrio. 

Recientemente, el Gobierno catalán ha dado luz verde a la modificación del planeamiento , aunque el proceso judicial por el veto al hotel sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona.