Un informe policial sostiene que hubo actuación delictiva en incineraciones del Grupo El Salvador

Un informe de Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostiene que hubo actuación delictiva por parte de responsables y trabajadores del centro al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad las cremaciones efectuaban en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta sustracción de ataúdes.

El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.

22 dietarios

Los peritos han analizado 22 dietarios --desde 1997 a 2019, aunque falta el de 2017-- con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha en que trascendió la denominada "Operación Ignis". La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el cambiazo a féretros de alta calidad por otros más baratos antes del proceso crematorio.

Los expertos de la Policía Nacional consideran probado que familiares de los fallecidos presenciaron el inicio del proceso de incineración en las instalaciones del tanatorio, aunque posteriormente, la incineración se llevó a cabo en el cementerio de Santovenia, "sin el conocimiento ni autorización de la familia".

Recientemente, el Ministerio de Justicia asignó a Funeraria Castellana, filial del Grupo El Salvador, un lote del servicio de recogida y traslado de cadáveres judiciales en Castilla y León. Un contrato funerario por cero euros.