La funeraria que Justicia contrató gratis fue denunciada por coacciones

La funeraria que el Ministerio de Justicia ha contratado gratis encajó una reclamación y una denuncia pública por presuntas coacciones. Funeraria Castellana-Grupo El Salvador fue señalada recientemente por clientes de uno de sus cementerios por amenazarlos con hacerlos pagar in situ la tasa de conservación o no enterrarían a una familiar. Este caso se suma al escándalo de los ataúdes, que salpica a la misma empresa y que sigue bajo investigación judicial. 

Los dos episodios de crisis reputacional son mollares porque el MInisterio de Justicia ha asignado ahora a Funeraria Castellana, filial del Grupo El Salvador, un lote del servicio de recogida y traslado de cadáveres judiciales en Castilla y León. Ello es llamativo por la trayectoria de la empresa, sí, pero también por el precio de adjudicación: cero (0) euros, lo que ha sublevado al sector funerario, que alertan de una posible merma en la calidad y las condiciones de trabajo. 

"O pagáis o no la enterramos"

Días antes de esta contratación pública, que no ha sido explicada por Justicia pese a los reiterados requerimientos informativos de este medio, la contratista volvió a los titulares. Lo hizo por boca de la familia González, que denunció al diario El Norte de Castilla que Grupo El Salvador les amenazó con no enterrar a A. González, una familiar de avanzada edad que había fallecido, "si no pagaban la tasa de conservación de la sepultura" pendiente.   

El grupo funerario les exigía 660 euros, correspondientes al importe supuestamente impagado entre 2011 y 2021, según los González. Lo hizo durante el velatorio de A., lo que la familia considera impropio. Por ello rellenó la hoja de reclamaciones y denunció públicamente su caso. La compañía se defendió alegando que la tasa de conservación había sido impagada pese a dos cartas enviadas a dos miembros de la familia. Éstos niegan haber recibido las comunicaciones. 

El 'caso ataúdes', también

La sacudida a la reputación de la empresa llega en mal momento, cuando Grupo El Salvador lidia con, también, problemas judiciales. Estos se centran en el llamado caso ataúdes. El juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid investiga la empresa funeraria, por, supuestamente, cambiar 6.000 féretros de difuntos por cajas más baratas en el último momento entre 2006 y 2015, consiguiendo así un ahorro importante sin que sus clientes se enteraran. 

La sala tuteló una macrooperación policial el 31 de enero de 2019. La Policía Nacional, guiada por oficios del togado titular de Primera Instancia, se personó en diversas dependencias de El Salvador buscando pruebas de un delito de estafa continuada. Participaron también en el operativo técnicos de la Agencia Tributaria. El propietario de la funeraria, Ignacio Morchón, está imputado por esta causa y pasó varios meses en prisión. Sus dos hijos también están investigados. 

Contrato por cero euros

El aparatoso caso judicial, que continúa sub júdice, se suma ahora a una nueva polémica: la concesión de un contrato público por parte del Ministerio de Justicia a un precio de cero euros. El departamento de Juan Carlos Campo ha asignado un lote del servicio de recogida judicial de cadáveres de Castilla a la compañía investigada, el correspondiente a los partidos judiciales de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco. 

Aunque el presupuesto de licitación eran 11.461,12 euros, Justicia ha terminado concediendo el contrato a El Salvador por cero euros. Ello significa que la empresa, contratista de un Ministerio, deberá poner fondos de su bolsillo para desempeñar la tarea. El sector alerta de que hay riesgo de precariedad y de incumplir el convenio funerario autonómico. Asimismo, desde la industria se preguntan por qué Justicia no ha prorrogado adjudicaciones mientras la pandemia continúa en España. 

Este artículo se ha elaborado sin la versión de Grupo El Salvador, que no ha contestado a las reiteradas peticiones informativas de este medio.