Cuatro meses de prisión por golpear a un mosso en Barcelona

El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona ha condenado a cuatro meses de prisión a un hombre de 42 años por un delito de atentado contra la autoridad. También deberá abonar una multa de 60 euros por las lesiones ocasionadas y 100 euros en concepto de indemnización al mosso d'esquadra a quien golpeó el pasado 30 de diciembre.

El condenado, L.V., no tendrá que entrar en prisión porque la pena es inferior a dos años, pero la sentencia es firme. El magistrado Hugo Nogales considera probado que el atacante, de nacionalidad georgiana, y con antecedentes --"ya conocido por los agentes", detallan desde el cuerpo--, golpeó al policía cuando este, junto a un compañero, procedió a cachearlo la mañana del miércoles en la calle Carolines de Barcelona.

Agresión a un mosso

El hombre --que ejerce funciones de seguridad en una discoteca de la capital catalana--, "haciendo caso omiso" de las indicaciones de ambos efectivos de Seguridad Ciudadana, "se agitó bruscamente para impedir la actuación policial hasta que, finalmente, para menoscabar la integridad física del agente, procedió a propinar al mismo un fuerte golpe con el codo", recoge el fallo al que ha tenido acceso Crónica Global.

A consecuencia del impacto, el mosso sufrió una contusión que requirió asistencia médica, a pesar de que no se encuentra de baja, ya que el carácter de la lesión fue leve. La acusación particular la asumió el sindicato USPAC ya que el Departamento de Interior rechazó personarse en la causa.

El Govern no se persona por atentado contra la autoridad

Una postura de la Generalitat que ya anunció el pasado noviembre el conseller Miquel Sàmper, al considerar poco "normal" que el Govern acuse por atentado a la autoridad en causas con mossos d'esquadra lesionados.

Una decisión que censuraron todos los sindicatos de agentes y por la que han tenido que ser los servicios jurídicos de la citada organización los que han representado los intereses del policía lesionado.

Condena contra el atacante

El fiscal acusó al detenido de resistencia, pero terminó elevando su calificación a atentado contra la autoridad. También aceptó incluir la responsabilidad civil que reclamó USPAC, según detalla su portavoz, Albert Palacio, a este medio. Un escrito del ministerio público al que el sindicato se adhirió "formalmente" y que ha derivado en la posterior condena al agresor.