Es Rafael, el agente de policía de 54 años al que el Ayuntamiento de Palma apartó tras sufrir un accidente laboral y que ahora ha ganado en los tribunales su derecho a ejercer una segunda actividad. El funcionario ha visto cómo la justicia reconocía su derecho a desempeñar otra labor en la administración local, pese a que esta institución lo jubiló forzosamente tras una caída de su moto en acto de servicio.
Esa decisión municipal ha sido anulada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, que ha anulado el decreto municipal que impuso la jubilación por incapacidad permanente al efectivo policial en 2017. El policía, pues, puede continuar trabajando, aunque con un puesto adaptado a la discapacidad que le dejó el violento choque: pérdida auditiva.
Accidente durante un turno
En efecto, Rafael sufrió un aparatoso choque con su moto mientras inspeccionaba el perímetro de Mercapalma para cerciorarse de que nadie había entrado a robar en la instalación. "Había una tapa de alcantarilla movida y la moto se encastó contra el agujero. Salí despedido", recuerda el agente.
Despertó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital, aunque en apariencia el agente no había sufrido heridas de gravedad. Su pesadilla empezó en aquel momento: comenzó a perder audición.
Jubilación forzosa
La mutua laboral le dio el alta, aunque el policía municipal estaba perdiendo la capacidad de escuchar tras el trompazo en moto. "Me quejé. No podía ser que me dieran el alta así", explica. Acudió a los tribunales y ganó a la aseguradora laboral en 2017.
Poco se esperaba Rafael que aquella sería una victoria amarga. En diciembre de aquel año ya no recibió la nómina mensual del ayuntamiento. "Tras 24 años de servicio me habían jubilado forzosamente. Me apartaron pese a que había quedado incapacitado --tiene una discapacidad reconocida del 55%-- trabajando para ellos", alerta.
Batalla legal
Rafael se vio, de golpe, "con una mano delante y otra detrás". Tenía familia e hijos, pero perdió su nómina de funcionario "que tanto le costó ganar". Se quedó con una pensión del 55% de la base imponible. ¿Y buscar empleo en otro sector? "Las empresas que emplean a discapacitados se aprovechan. Yo trabajé como jardinero, por ejemplo, y ganaba 800 euros al mes para 8 horas de trabajo seis días a la semana", denuncia.
Finalmente, encontró aliados. "Hallé Ailpold (Asociación para la Integración Laboral -- Policía Local con Discapacidades) y ellos me asesoraron. Recurrimos la decisión de incapacitarme", explica. Ha sido ahora, recientemente, cuando ha ganado el caso. La justicia ha tumbado el decreto que lo jubiló por sufrir un accidente de moto.
Abogado: "Ayuntamientos maltratan a policías"
En conversación con este medio, su abogado, César Javier Martín López, ha recordado que las administraciones pueden jubilar a los agentes por incapacidad laboral permanente, pero que no están obligados a hacerlo. "El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) dice que podrán hacerlo, no que lo tengan que hacer. Hace una interpretación restrictiva de la ley", recuerda el letrado.
Martín subraya que ya hay dictámenes de Naciones Unidas que exigen a las corporaciones locales que adapten los puestos de trabajo a sus empleados que sufren una discapacidad tras un percance laboral. "Y los tratatos internacionales los firma el Reino de España, son de rango superior a las leyes", enfatiza. Ello, por ahora, aún no se cumple, y ocurren casos como el de Rafael. "Hay que adaptar puestos. No puedes jubilar a tus policías, dejarlos con el 55%, si han quedado lastimados durante un servicio. Algunos ayuntamientos maltratan a sus cuerpos de seguridad", lamenta el profesional.
Rafael: "Pido al ayuntamiento que no recurra"
Ello, el maltrato y el desamparo de un agente herido en acto de servicio, es lo que pide evitar Rafael tras ganar en los tribunales. Pide al Ayuntamiento de Palma que no recurra el fallo y que le adapten un puesto de trabajo como segunda actividad. "El accidente hizo que tuviera que aprender de nuevo a vivir --lleva un implante coclear que le ayuda a escuchar--. Que no lo pongan más difícil", admite.
En estos momentos, además, el efectivo policial se enfrenta además a la dificultad añadida de que la pandemia supone un obstáculo para comunicarse. "Con mascarilla se hace mucho más difícil", reconoce. "Quien tiene una discapacidad es al final quien lo sufre en solitario. Pido solo que impere el sentido común", apostilla.