Cobrar por las fiestas ilegales, la última insensatez de la pandemia

Hecha la ley, hecha la trampa. Las restricciones impuestas por las autoridades con el objetivo de detener en lo posible la expansión del coronavirus han derivado no solo un aumento de las fiestas ilegales, sino que además se está popularizando el fijar precios para poder acudir a ellas. En Madrid, La Coruña, Oviedo, Valencia, Barcelona, Alicante y en muchas otras ciudades del territorio nacional se están viviendo episodios en los que las fuerzas de seguridad tienen que acudir a domicilios particulares en los que se están realizando celebraciones sin la autorización pertinente.

Además de la música elevada y el ruido a horas intempestivas, en estas fiestas clandestinas se supera el límite de personas admitidas en reuniones, no se respetan las medidas mínimas de precaución y además se comete otro tipo de delitos, como el de obtener un beneficio económico de forma fraudulenta.

Imágenes de una fiesta en Valencia

Un 'negocio' en plena crisis del sector

En lugares donde además se ha decretado el cerrojazo del ocio nocturno, como es el caso de Barcelona, están proliferando en gran número las denuncias a causa de las molestias provocadas por este tipo de fiestas, que no distinguen entre chalets aislados y bloques de pisos.

Lo más novedoso es el negocio que se están montando algunos mientras el sector paga las consecuencias de las medidas impuestas por los ayuntamientos. Al parecer, se han dado casos de fiestas en las que se han pagado hasta 80 euros por estar dos horas de parranda ante la imposibilidad de acudir a los bares y a las discotecas.

Buzón de denuncias de la patronal del ocio nocturno

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) también ha denunciado en su página web (Fecasarm.cat) estas actividades clandestinas. “Algunas están muy bien organizadas, se han celebrado en habitaciones de hoteles de lujo de Barcelona o al menos esa es la localización que se hace constar en las stories de Instagram colgadas por asistentes y que nos han hecho llegar los denunciantes. Antes no se escondían, pero ahora emplean métodos muy sofisticados para contactar con la gente”, asegura a Crónica Global Joaquim Boadas, secretario general de la patronal del ocio nocturno, que tiene abierto un buzón electrónico anónimo para canalizar las quejas.

Fecasarm, ante el hecho constatado de que la falta de oferta de ocio nocturno legal ha disparado la práctica de estas prácticas, ha decidido activar este canal para denunciar aquellas fiestas ilegales de manera totalmente anónima, información que luego la federación hostelera se encarga de trasladar a las autoridades correspondientes en función del lugar donde se celebre el sarao.

“5.000 euros por una mesa reservada”

“Hemos estado buscando ofertas de fiestas ilegales y la verdad es que hemos detectado de todo tipo, algunas de ellas con la apariencia de ser del todo legales, vendiéndose a través de redes sociales en lugares 'secretos' una mesa por un precio de entre 1.000 y 5.000 euros la más cara”, denuncia Boadas. “Ya hemos recibido más de 200 denuncias”, pero “son miles las fiestas ilegales” que se están realizando en Cataluña.

“En cuanto recibimos una denuncia la hacemos llegar a la Guardia Urbana o al Departament de Salut y de Interior de la Generalitat”, aclara el portavoz de Fecasarm, quien reconoce que muchas de estas noticias llegan “cuando ya se ha celebrado la fiesta ilegal”. “La última que conseguimos interceptar iba a celebrarse en La Roca del Vallès”, añade.

Sin pruebas, 'no existen'

Un portavoz de los Mossos d’Esquadra aseguraba a Crónica Global que no tiene constancia de ninguna denuncia de este tipo, y menos aún a precios tan desorbitados, aunque tampoco descarta que estas fiestas con entrada existan. En cambio, en Madrid sí. “Desde marzo vemos que ya no son una celebración familiar ni entre amigos, sino una actividad de negocios por la que se cobra dinero. Sobre todo desde el cierre del ocio nocturno”, declaró recientemente a La Razón José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal.

El público que acude a este tipo de fiestas abarca desde adolescentes hasta treintañeros y los precios también varían según la edad de los asistentes. Sin embargo, sin pruebas que lo demuestren es muy difícil que se pueda acreditar que se esté cometiendo un delito fiscal, al ejercer una actividad comercial sin licencia. Las policías municipales de muchas ciudades españolas han tenido que intervenir en centenares de fiestas privadas en las que, además, se sospechaba que se cobraba entrada, pero los agentes no pudieron acceder a las casas sin autorización judicial, ya que no se estaba produciendo un delito grave.

Convocatoria en redes sociales

También admitió estar al tanto de estas fiestas bajo pago Freddy Torres, cofundador del portal HolaPlace, a través del cual se pueden alquilar terrazas por horas en cualquier rincón de Cataluña. “A nosotros no nos afecta porque a estas fiestas no van nuestros clientes, pero sí nos ha llegado que a través de las redes sociales y de alguna app se convoca a la gente a estas fiestas clandestinas en las que se paga por entrar”, explica a Crónica Global.

Torres quiere dejar constancia de que HolaPlace actúa bajo las más estricta legalidad. “Por eso nos va mal ahora. Nuestra actividad está sometidas a las normativas de cada comunidad autónoma o de cualquier ayuntamiento. En Cataluña no aceptamos reuniones de más de seis personas y tanto los anfitriones como los invitados deben firmar un contrato en el que se comprometen a cumplir la ley. De no ser así, anulamos la reserva”. El portavoz de HolaPlace desvela que les “ofrecieron un casoplón en Pedralbes con piscina” a cambio de 2.000 o 3.000 euros. Lo rechazaron.

Bote anti-Covid

La moda de las fiestas de pago alcanza toda la geografía española. Siguiendo el mismo sistema instaurado en Cataluña por Fecasarm, la patronal estatal del ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife también ha puesto en marcha un canal para recibir denuncias sobre fiestas ilegales que se celebren en el territorio nacional.

Los organizadores tiran de ingenio para burlar la reglamentación. Incluso hay fiestas en las que no se paga una entrada directamente, pero sí se está popularizando entre los jóvenes un bote anti-Covid. Al llegar a las fiestas, los jóvenes hacen su aportación en alcohol y en dinero, a veces no más de cinco euros. "Así se paga la multa y quienes organizan la fiesta no tienen que preocuparse", desveló un joven a Antena 3 Televisión.