El Govern traslada al sector privado todas las consecuencias del ‘cerrojazo’

El mundo jurídico entiende que el error se suma a otro mayúsculo, que fue el cerrojazo de restaurantes y bares, en lugar de decretar un cierre a partir de una hora determinada. El paso dado por el Govern, al frente del cual está el republicano Pere Aragonès, supone un mazazo más allá del económico. “Hay una cuestión jurídica dudosa, pero en todo caso lo que crea esa medida es inseguridad jurídica a medio plazo, que puede llevar a muchos inversores a repensar sus estrategias en Cataluña y, en gran medida, en Barcelona”, señala Roger Gaspa, de la comisión jurídica de Comercio de Foment del Treball.

¿Por qué no medidas graduales?

La patronal ha reaccionado con contundencia, y cree que el decreto es de “dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica”. La idea de Foment es que la suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios y centros de belleza y la consiguiente pérdida de ingresos “no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la administración, que ha ordenado el cierre de los negocios o limitado parcialmente su actividad”.

El fiscalista Joan Anton Sánchez Carreté entiende que esa posición de Foment es “la correcta”, porque el error de partida que el Goven de Pere Aragonès debería asumir es “el cierre de la actividad, cuando podía haber tomado decisiones graduales o cierres como el que se ha adoptado en París, a partir de una determinada hora de la noche”.

Imagen de un bar-restaurante con la puerta bloqueada tras el 'cerrojazo' al sector, que costará 40.000 euros por cada negocio / CG

Una bola de nieve en contra de la economía

Los propietarios de esos locales no son sólo fondos de inversión o enormes tenedores de inmuebles. Hay pequeños propietarios que viven, precisamente, de esas rentas. La patronal Pimec incidió en esa cuestión, al considerar que el Govern debería atender a “pequeños tenedores y ahorradores, propietarios de locales que ahora verán rebajada su renta. A menudo se trata de inmuebles que han sido adquiridos con préstamos hipotecarios, que deberán seguir pagando”. Es decir, el Ejecutivo catalán ha provocado “una bola de nieve” que puede paralizar gran parte de la actividad económica.

El contraste, en todo caso, lo aportan algunos inversores consultados. Fuentes del sector señalan que el 50%, el porcentaje que ha decretado el Govern que no se deberá pagar de esas rentas en el caso de que no exista un acuerdo previo entre arrendatario y arrendador, podría ser asumible si el plazo de la medida es mínimo. Sostienen también que durante los meses de reclusión social hubo grandes pérdidas de renta, tras alcanzar acuerdos por ambas partes.

Incentivos fiscales y desgravaciones

Pero ahora el problema es otro. El sector económico entiende que el Ejecutivo catalán no ha querido asumir sus responsabilidades, que no ha pensado en otras medidas, a partir de incentivos fiscales, de desgravaciones, de rebajas de impuestos. Todo el esfuerzo del Govern, se asegura, es “trasladar a otros el problema que él mismo ha generado”. Y ese “traslado” se carga sobre el sector privado, sobre el “nervio” de la economía catalana, que son las empresas.

El presidente de Pimec, Josep González, ahondó en esa posibilidad, en la de optar “por medidas más creativas”, siguiendo el caso de Italia, con bonificaciones fiscales en el IRPF --hay un tramo autonómico que es, precisamente, el más alto del conjunto de las autonomías-- o el impuesto de Sociedades (éste depende del Gobierno central). También Foment lleva desde el mes de abril con la defensa de esas medidas, con créditos fiscales que fomenten la rebaja en los alquileres por parte de los propietarios.

El Govern se contradice

El gobierno catalán, de hecho, se contradice a sí mismo y si la pasada semana intentaba que todas las partes llegaran a acuerdos, y en caso de no producirse, que el juez dictaminara, ahora ha impuesto un decreto que no deja margen de maniobra. El texto señala que se deberá rebajar un 50% el alquiler en caso de no acuerdo, con lo que ya señala, con anterioridad, el límite de ese acuerdo, como destacó al conocer el decreto la patronal Foment.

Una terraza vacía tras el cierre de bares y restaurantes en Cataluña, que ha afectado al número de parados / EUROPA PRESS

El decreto se apoya en un “principio de solidaridad”, que se traduce en un “reparto igualitario y equitativo de las consecuencias negativas, socializando así el riesgo y evitando hacerlo gravitar sobre una sola de las partes contratantes”.

Código Civil

Es una medida que “altera sustancialmente el Código Civil”, señala Roger Gaspa, en alusión a la cláusula que mencionó el Govern, la de rebus sic stantibus, --estando así las cosas-- la pasada semana. El Govern, con ese decreto, no facilita el acuerdo. Al revés. Impone hasta dónde se debe llegar entre las dos partes. Es decir, se dejaría de lado el decreto del Govern si el que alquila y el propietario pactaran una rebaja del 70%, por ejemplo. Lo que hace el Ejecutivo es “dictar” lo que se debe hacer ahora.  

Ahora bien, el decreto podría ser recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional,  y ello comportaría la suspensión inmediata del decreto. Pero el Gobierno no ha hecho lo propio con la ley que aprobó el Parlament para limitar los precios de los alquileres, porque no desea ahora un nuevo enfrentamiento con el Govern de la Generalitat.