Traslado de varias piezas artísticas de Cataluña al monasterio de Sijena / EFE
La Audiencia de Huesca confirma que la Generalitat debe devolver las pinturas de Sijena
El tribunal señala que las obras se encuentran "en precario" en el MNAC y sin título de propiedad
5 octubre, 2020 11:03La Audiencia de Huesca confirma que la Generalitat deberá devolver las pinturas del Monasterio de Sijena (Huesca). El Tribunal corrobora así la sentencia que condenó hace casi cuatro años al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a retornar las pinturas murales románicas de la Sala Capitular del monasterio aragonés.
En su sentencia, la audiencia oscense rechaza todos los argumentos planteados en sus recursos por las instituciones catalanas y estima, de acuerdo con la jueza de primera instancia que juzgó el caso, que las pinturas se encuentran "en precario" en el MNAC y sin título de propiedad alguno.
Devolución sin riesgos
El tribunal da validez a lo manifestado por los peritos que testificaron en el juicio a instancias de la parte catalana, que admitieron que las pinturas pueden trasladarse sin sufrir daños, lo que deja abierta la opción de solicitud de ejecución de la sentencia desde Aragón.
Estiman los magistrados, asimismo, que la voluntad de la comunidad de monjas de Sijena, propietaria del inmueble, era que fueran devueltas a su ubicación original del monasterio y recuerdan que estas obras no pueden disgregarse del bien inmueble al que pertenecen, monumento nacional desde 1923.
La Generalitat se negó a devolverlas
A pesar de las dos sentencias previas en contra, la Generalitat se negó a cumplir la orden judicial que le obligaba a devolver piezas y presentó recursos contra ella. En diciembre de 2017, tras la confirmación de la Audiencia Provincial, la Guardia Civil tuvo que intervenir para llevar a cabo el traslado de las obras de tesoro artístico hasta su lugar de origen.
La negativa del Govern, por su parte, conllevó el encausamiento penal de Santi Vila, exconsejero de Cultura de la Generalitat, y de su sucesor, Lluís Puig, por desobediencia. La jueza de primera instancia que sentenció esta causa decretó que ambos exconsejeros pagaran unas fianzas de 216.000 y 88.000 euros respectivamente por este delito.
